MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Según ha informado el CGPJ, "el número de jueces y juezas que deberían integrar la carrera judicial de aquí a diez años asciende a 6.499 por lo que, para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia, sería necesario que a partir de este año la oferta anual de plazas oscilara entre las 310 y las 320".
Sin embargo, señala que, al ritmo actual, "en el año 2032 habría 6.499 unidades judiciales mientras que, según la proyección del número de jubilaciones y fallecimientos, y teniendo en cuenta que la incorporación de los aspirantes que superen los procesos selectivos en curso no se producirá hasta 2027, los miembros de la carrera judicial serían 4.610". "Es decir, quedarían sin cubrir 1.899 plazas o unidades judiciales", resume.
El estudio parte de la situación actual de la planta judicial (juzgados y tribunales), que a fecha 2 de mayo estaba formada por 5.799 unidades constituidas, 18 de las cuales están pendientes de entrar en funcionamiento. No obstante, "las plazas efectivamente cubiertas suman 5.490, lo que supone que hay 309 un total de plazas vacantes".
Además tiene en cuenta otras variables, como "el número de nuevas unidades judiciales que se crearán en los próximos años, tomando como magnitud de referencia la de 70 (número de unidades judiciales creadas en 2022 y en 2023), lo que supone que en el decenio analizado se contabilizarán 700 más".
Ha valorado asimismo la "proyección sobre las jubilaciones y fallecimientos que tendrán lugar durante la próxima década" y "el número de efectivos que ingresarán en la carrera judicial en 2024, 2025 y 2026, cifra que está ya comprometida y que será consecuencia de diferentes convocatorias de procesos selectivos en curso".
APUNTA A "REFORMAS ESTRUCTURALES"
El CGPJ advierte también de "la necesidad de tener en cuenta las futuras reformas estructurales que pudieran acometerse, a efectos de prever los medios personales y materiales necesarios".
El Consejo señala que, con este plan estratégico, cuya elaboración acordó la Comisión Permanente el pasado 20 de abril, "se pretende aportar los datos necesarios y suficientes que permitan a las instituciones con competencia en materia de Justicia adoptar y poner en práctica las medidas que garanticen la correcta prestación del servicio público de la Justicia, especialmente al Ministerio de Justicia, por cuanto tiene atribuida la competencia para la convocatoria de plazas".
Para el CGPJ, se trata de "una herramienta útil para identificar con claridad el aumento del número de miembros de la carrera judicial que se debería producir en los próximos años y, en consecuencia, el número de plazas que deberían convocarse".
