HÉRCULES POIROT SEÑALA AL GOBIERNO Y RED ELÉCTRICA POR EL GRAN APAGÓN
Si tradicionalmente nos ha parecido complicado descifrar el recibo de la luz, el Gran Apagón del 28 de abril nos plantea un enigma aún más intrincado: nadie sabe con certeza las causas ni quién es el responsable. Las declaraciones oficiales de estos días reflejan lo que los juristas denominamos un conflicto negativo o, en lenguaje coloquial, un "a mí que me registren". Nadie asume la responsabilidad de la caída abrupta de 15 gigavatios en la generación eléctrica -equivalente al 60% de la producción a las 12:33- en apenas cinco segundos:
- El Presidente del Gobierno señala a los "operadores privados", a los que se les exigirá responsabilidades.
- La presidenta de Red Eléctrica Española (REE) defiende la actuación de su empresa, descartando cualquier culpa y apuntando a las empresas generadoras, especialmente a desconexiones imprevistas de instalaciones solares en el suroeste.
- Las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras, por su parte, rechazan cualquier responsabilidad y señalan a REE como gestora de la red de alta tensión y responsable última de la estabilidad del sistema eléctrico, una malla de 45.675 kilómetros.
Mis conocimientos eléctricos son modestos -apenas distingo entre corriente continua y alterna-, y mis dotes investigadoras no son mucho mejores. Por eso, mejor será que no especule y me limite a esperar que los Hércules Poirot y Miss Marple convocados por el Gobierno alcancen sus conclusiones. Sin embargo, para entretener la espera de este "comité independiente", puedo analizar el marco normativo aplicable, que podría arrojar luz sobre los sospechosos de este misterio eléctrico.
No me detendré en las empresas privadas, sospechosas habituales por su afán de lucro. Me centraré en los otros dos actores principales de esta novela de intriga, el Gobierno y REE.
1. El Gobierno: entre la planificación y la intervención La Constitución declara que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas y le otorga competencia exclusiva sobre las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica". Esta potestad se ha ejercido con celo en el sector eléctrico, como demuestra una búsqueda en el BOE: 313 resultados para "sector eléctrico" (setenta y uno en Legislación), 505 para "sistema eléctrico" (139 en Legislación) y 609 para “distribución de energía” (cuarenta y cuatro en Legislación). Si amplío la búsqueda, los resultados son inabarcables: 3.608 para “electricidad” (128 en Legislación) y 37.401 resultados para “energía” (2.349 en Legislación).
La norma principal de todo este bosque es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que ha sido modificada ampliamente por doce decretos-leyes aprobados por Gobiernos de Sánchez (y ahora nada diré de esta deplorable técnica legislativa para no difuminarme). La Ley tiene como objetivo "garantizar el suministro de energía eléctrica" y establece un marco intervencionista. Entre los aspectos relevantes para este caso, el Gobierno asume competencias clave, como la regulación básica del suministro, las medidas para garantizar la continuidad y la planificación eléctrica (arts. 3-4) y que las empresas generadoras deben despachar su energía a través del operador del sistema (REE) conforme a los reglamentos gubernamentales (art. 26).
El Gobierno ha aprobado un gran número de normas para ejercer esas competencias: nada menos que 40 Reales Decretos vigentes, comenzando por el fundamental Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las “actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”, que tiene siete grandes modificaciones desde que gobierna Sánchez. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido 33 órdenes vigentes sobre distribución, 24 sobre transporte y 14 sobre suministro. Entre ellas, la Orden IET/2209/2015, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2015-2020, prorrogado hasta 2026, con tres modificaciones, por el Gobierno de Sánchez.
Conviene tener en cuenta un detalle sobre este plan, que la propia ministra para la Transición Ecológica reveló en sede parlamentaria en marzo pasado: la inversión prevista en él es insuficiente para mantener la red eléctrica, lo que le ha llevado a abrir una consulta pública para modificar los límites de inversión para las empresas productoras establecidos en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre.
El control de los poderes públicos sobre la red “privada” de electricidad no termina en los Ministerios porque la Comisión Nacional de los Mercados también establece normas vinculantes sobre ella. El mismo buscador del BOE nos informa de la vigencia de 107 circulares y resoluciones que ha dictado esta Comisión sobre energía. Algunas tan recientes -y tan intervencionistas- como la Resolución de 6 de marzo de 2025, por la que se modifican los procedimientos eléctricos para su adaptación a la negociación cuarto-horaria en los mercados diario e intradiario.
Por tanto, esta intensa regulación permite sospechar que el Gobierno tenga alguna responsabilidad en el Gran Apagón, por acción (normas inadecuadas) u omisión (falta de medidas para garantizar la estabilidad, sobre todo lo que los técnicos llaman centrales de respaldo, siempre listas para intervenir).
2. Red Eléctrica Española: El operador bajo sospecha
Esta empresa privada, pero controlada por el Gobierno, es designada como operador del sistema por la Ley 24/2013 y le crea un régimen jurídico tan especial que el artículo en que se regula alcanza las 1.793 palabras, posiblemente el artículo más largo de todas las normas con rango de ley de España. Quedémonos con que su “función principal” es la de “garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte”.
A pesar de las declaraciones de su presidenta, que descartan cualquier responsabilidad, REE es un sospechoso plausible. La hipótesis de una desconexión masiva de generación solar sugiere posibles fallos en la coordinación de las fuentes energéticas. Además, las oscilaciones de tensión detectadas la semana previa al apagón, que pusieron al sistema en situación límite, y la reducción posterior del uso de renovables (del 70% el día del apagón) a niveles inferiores, refuerzan la sospecha de una programación deficiente por parte de REE.
Así las cosas, hemos avanzado un poco por nuestra cuenta y podemos afirmar que ni el Gobierno ni REE -que no deja de ser un apéndice del Gobierno- deben ser eliminados alegremente de la lista de sospechosos. Ahora necesitamos la ayuda de Agatha Christie para reunir a todos los implicados en un amplio salón, donde Hércules Poirot, con su meticulosa precisión, y Miss Marple, con su aguda intuición, desvelen el misterio. Hasta que llegue ese momento, recordemos el refrán: Entre todos la mataron y ella sola se murió.
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