Hasta ahora, el Ministerio de Justicia ha adoptado todas las decisiones relacionadas con las medidas que afectan a los órganos judiciales de manera conjunta y en cogobernanza con el CGPJ. En lo sucesivo, establecerán un protocolo para mantener reuniones semestrales en las que analizar conjuntamente los efectos de las medidas adoptadas y decidir los próximos pasos a dar para el mejor funcionamiento de los órganos judiciales.
La cartera que dirige Llop ha aprobado, además, una nueva inversión de dos millones de euros con este mismo objetivo, por lo que, en total, en lo que va de año, habrá destinado 12,5 millones de euros para paliar las necesidades de la judicatura derivadas del aumento de la litigiosidad. Esta cantidad supone casi un 15% más de la inversión realizada en 2021 (10.893.475 euros) y casi un 276% más que la de 2015 (3.327.592 euros).
Medidas del plan de choque
Las medidas contemplan un refuerzo extraordinario para el Tribunal Supremo (TS), consistente en el nombramiento de un total de 20 letrados con el fin de apoyar en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos.
Las medidas beneficiarán a los órganos judiciales de todas las comunidades autónomas además de a los órganos centrales.
A la reunión han asistido, por parte del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora general del Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.
El secretario de Estado ha mostrado su satisfacción por la sintonía del CGPJ con "los esfuerzos y la inversión realizada por el Ministerio de Justicia" al tiempo que ambas partes han lamentado "las desafortunadas informaciones aparecidas en diversos medios criticando la labor de Justicia en materia de refuerzos".
