MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Son solo algunas de las puntualizaciones recogidas por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Informe Anual de 2021 que ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Se trata del primer informe que entrega Gabilondo como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
Apunta que a casos concretos se deben sumar problemas de dilaciones ocasionadas por circunstancias derivadas del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, "como el hecho de haberse traspapelado un recurso" en la Sala Primera del Tribunal Supremo, o el caso de un recurso contencioso administrativo presentado en abril de 2019.
Gabilondo recuerda que si bien su capacidad de intervención en el sector Justicia es limitado por la independencia del Poder Judicial, sin embargo, sí pueda hacerlo "en lo que respecta a los retrasos injustificados y dilaciones indebidas que puedan sufrir los procedimientos judiciales, a fin de contribuir a paliarlos".
Al hilo, recuerda que ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado reiteradamente al Defensor del Pueblo, en el marco de las quejas por dilaciones que recibe esta institución, "que los retrasos traen causa de los problemas estructurales que padecen numerosos órganos jurisdiccionales, las elevadas cargas de trabajo, la insuficiencia de plantillas, las propuestas de creación de órganos no atendidas, etcétera".
Y añade que desde el Defensor del Pueblo se refleja ese problema en cada informe anual, y cita el estudio 'Retrasos en la Administración de Justicia (2018)' para indicar que ya entonces "se constataba que las demoras que sufren los procedimientos judiciales se deben a la complejidad de las leyes procesales, los problemas estructurales del órgano judicial, la excesiva judicialización de la vida cotidiana, o la mala práctica administrativa por el abuso de resoluciones idénticas o de la figura del silencio administrativo, que obliga al ciudadano a acudir a la vía jurisdiccional".
Al respecto, recuerda que no se puede obviar además que las administraciones demandadas tarda mucho tiempo en remitir el expediente administrativo al órgano judicial competente para que este pueda empezar a valorar el caso planteado y, en otros casos, "retarda conscientemente la ejecución de resoluciones judiciales adversas a sus intereses".
CLÁUSULAS SUELO
Tras esto, el Defensor del Pueblo pone la lupa en la especialización de juzgados de primera instancia para resolver casos relativos a las cláusulas suelo. Lamenta que desde 2017 hasta hoy, se ha pasado de 138.321 asuntos pendientes a 227.006, solo en el primer semestre de 2021, lo que supone un incremento de alrededor del 64 por ciento.
Añade que la situación de algunos juzgados especializados es preocupante, a pesar de las medidas extraordinarias que se han acordado para su agilización, como la autorización a efectos económicos, por el CGPJ de todas las peticiones de refuerzo recibidas a instancia de las distintas presidencias de los tribunales superiores de Justicia.
Y se fija en el caso concreto del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, que ha sido reforzado con la constitución de un juzgado bis en el Plan de Urgencia 143/2021. Para ese Juzgado de Primera Instancia número 101 bis, en la actualidad se mantienen dos medidas de refuerzo judicial, así como el refuerzo de dos letrados de la Administración de Justicia, además de la plaza del titular, y es uno de los que mayor atención recibe por la carga de trabajo que tiene, por lo que en la actualidad cuenta con 6 gestores, 24 tramitadores y 6 auxilios judiciales.
A pesar de ese refuerzo, apunta que el tiempo de respuesta ha sido de 55,29 meses en el primer trimestre de 2021, "muy superior a la media del partido judicial que se sitúa en 6,6 meses". El 31 de marzo de 2021 se hallaban pendientes de resolver 66.932 procesos declarativos y 3.139 de ejecución.
Al hilo, añade que "todas las administraciones con competencias en materia de Justicia reconocen la existencia de un colapso en los juzgados que conocen este tipo de asuntos referentes a cláusulas suelo, y todas consideran que han hecho lo que se les ha pedido por parte del CGPJ "sin que con ello se haya solucionado el problema, ni la afectación de los derechos a la tutela judicial efectiva de los usuarios de estos juzgados, que siguen sufriendo dilaciones indebidas en la resolución de sus demandas".
El Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Justicia que proceda a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid, que tenga atribuido en exclusiva el conocimiento, a nivel provincial, de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Y al CGPJ le sugiere que inicie "un estudio sobre la oportunidad de modificar la competencia objetiva y funcional en las materias bancaria y financiera con multitud de afectados, de modo que pueda mejorarse la garantía de los derechos fundamentales de carácter procesal de justiciables y testigos".
PROBLEMAS CON LA DIGITALIZACIÓN
Por otro lado, apunta a problemas diversos con la digitalización de procesos que tienen que ver con el servicio público de Justicia, y recomienda por ejemplo que se modifique la aplicación informática de la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad de Madrid porque da errores para presentar documentación procesal.
También se hace eco de los problemas de accesibilidad que da el programa LexNET y recuerda que ha recibido quejas porque algunos sistemas informáticos no facilitan el uso de ese programa. Pero incluye en el informe que desde el Ministerio de Justicia ya se trabaja en una versión nueva, la 5.1 que paliará esas dificultades.
Suma a esto problemas y limitaciones para la validación internacional de documentos con firma electrónica, dificultades en la web para la obtención de nacionalidad española a personas de origen sefardí, demoras en la recepción de certificados de actos de última voluntad y de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial, problemas en la accesibilidad de la página web del Ministerio de Justicia, y demoras en el pago de los servicios profesionales prestados por los peritos judiciales --en algunos casos más de 10 años--, algo que podría "dificultar la colaboración con la Justicia por parte de los técnicos más cualificados".
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