25-N: EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN
Quisiera borrar el 25 de noviembre del calendario de días señalados. Por desgracia, sigue siendo necesario recordar que existe la violencia contra las mujeres y las niñas y que ese mal es real y demasiado cotidiano.
Asusta saber que más de un tercio de nosotras ha sufrido alguna vez en su vida violencia, física, psíquica o sexual, a manos de un hombre. Aterra pensar a cuánto ascendería ese porcentaje si nos referimos a violencia verbal. Las violencias contra la mujer, además de un grave ataque a nuestra integridad y dignidad individual, son una violación de los derechos humanos que tanto nos ha costado conquistar y amenazan a toda la sociedad. Los discursos que quieren aparentar neutralidad en este tema, que se ponen de perfil o que incluso niegan la violencia contra las mujeres, alimentan un fuego muy peligroso: el de la involución, el de la pérdida de derechos que nuestras madres pelearon para nosotras y que ahora debemos no solo mantener sino reforzar para nuestras hijas. De no erradicarlas corremos el riesgo de sufrir un retroceso democrático que atenta contra más de la mitad de la población.
Tenemos esta obligación con ellas. Como sociedad e individualmente. Con independencia de nuestro sexo, edad, ocupación, origen, creencias, en las manos de todos, de todas, está la posibilidad, y sobre todo la responsabilidad, de contribuir, de ayudar, de sumar para detectarla -incluso cuando se esconde bajo formas más sofisticadas- y erradicarla, desde donde nos toque.
Desde mi posición actual como ministra de Justicia sigo haciendo tanto como está a mi alcance para facilitar los recursos humanos, materiales y normativos que ayuden a combatir esta terrible vulneración múltiple de derechos, porque cuando se acosa a una mujer en el trabajo también se ven afectados sus derechos laborales, cuando se viola a una mujer en un espacio público, se vulnera su seguridad, cuando se pega a una mujer en su casa, se atenta contra su dignidad más elemental.
Las personas no nacemos con perspectiva de género. Es algo que aprendemos, por impregnación en nuestro entorno más cercano, por inmersión en la cultura y la sociedad que nos tocan en suerte. Por eso soy una firme defensora de la educación en perspectiva de género como antídoto contra cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Desde el Ministerio de Justicia estamos contribuyendo a sensibilizar y formar a los operadores jurídicos en materia de igualdad y violencia de género. Sólo en este año hemos organizado cursos que han alcanzado a más de un millar de profesionales del poder judicial, fiscalía, forenses, abogacía, psicólogos de atención a víctimas, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. Nuestra punta de lanza para avanzar en formación en igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género es el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), desde el que trabajamos en el desarrollo de un plan específico para todos los cuerpos y carreras que se forman en él. Fruto de este compromiso es el convenio firmado con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, que establece un marco de colaboración para poner en marcha acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la sensibilización, prevención, concienciación y detección de la violencia contras las mujeres, a través de la formación de esos operadores jurídicos.
En este 25 de noviembre, además, creo que debemos reincidir en las cifras que tras su apariencia de frialdad encierran terribles tragedias en forma de vidas truncadas: 37 mujeres asesinadas este año por su pareja o ex pareja, que dejan a 21 niñas y niños huérfanos, y 1.118 mujeres asesinadas desde 2003. Tras estos números hay seres humanos como nosotras, como nuestras amigas, como sus hijos y sus hijas. Y hay otros dos datos aterradores y vergonzantes, especialmente dirigidos a los empecinados en negar la violencia machista:
-En lo que va de año ha habido más de 48.000 delitos de violencia de género con sentencia firme, una cifra que se duplica en los casos incoados.
-En 2021 se han dictado más de 15.000 órdenes de protección a mujeres denunciantes de maltrato.
Mujeres que viven con miedo, a las que un hombre les arrebata el sosiego, la dignidad y la perspectiva de un futuro para ellas y sus hijas e hijos.
Tenemos un pacto pionero y referente a nivel mundial que suscribimos con el apoyo de todas las fuerzas políticas en 2017 y del que cualquier persona con un sano sentido de la bonhomía debería sentirse orgulloso, un instrumento de valor incalculable que colocó la lucha contra la desigualdad y la violencia de género en el centro de la agenda política y social. La violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado.
Lamentablemente, cuatro años después de aquel extraordinario logro, ese pacto no sería posible. El pertinaz negacionismo por una parte del arco parlamentario lo haría inviable. Una situación preocupante que debe invitarnos a una profunda reflexión sobre los riesgos de dejarnos seducir por una involución que nos arrebate derechos que tanto costó conquistar.
Repetimos sin cesar que estamos en el siglo de las mujeres líderes y, sin embargo, tenemos que redoblar esfuerzos cada día para que esto no se convierta en un eslogan hueco, para no dar pasos atrás en esos liderazgos que no solo nos corresponden, sino que tenemos la obligación de ambicionar y que históricamente nos han sido negados.
Erradicar la violación gravísima de los derechos humanos de las mujeres, ofrecerles atención, ayudarlas en su recuperación, debe ser un objetivo prioritario de cualquier gobierno con auténticas miras de futuro, un gobierno humanitario, solidario, interesado en el bienestar de su ciudadanía y comprometido con la justicia social. Pertenezco a un gobierno de hombres y mujeres feministas y, como tal, está en nuestro ADN hacer todo lo posible, desde todos los frentes, para proteger a las mujeres que sufren violencia de género en cualquiera de sus formas. Y también para evitar la impunidad de los delitos, con la diligencia debida de una democracia madura. A las mujeres nos corresponde construir justicia y es necesario sentir el paso firme y la voz alta de las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista.
Sabemos que la causa de la violencia es la desigualdad, y que la desigualdad es estructural en nuestra sociedad, un mundo construido con una única visión, la masculina, que hace que nuestro avance sea una lucha titánica día tras día, incluso en lo más cotidiano. Por eso hay que desmontar las estructuras de dominio y de poder en el ámbito social, económico, laboral, cultural, político y participativo, jurídico. Si no lo hacemos, contribuimos a perpetuar la desigualdad. Seguiremos denunciando que nuestros cuerpos no están en venta, ni se alquilan por partes y no nos vamos a creer los estigmas y prejuicios que otros han creado sobre nosotras. Exigimos ética en el respeto a la integridad de los cuerpos, las mentes y la dignidad de las mujeres.
No olvidemos algo básico, y es que las democracias se construyen de abajo arriba, desde lo privado a lo público, desde lo particular a lo general, desde lo pequeño a lo grande. Por eso, cada gesto en la lucha contra la violencia de género, por minúsculo que parezca, es un triunfo y, en muchos casos, una vida salvada. Cada llamada al 016, cada agente que recibe con comprensión y empatía a una mujer denunciante, cada médico que detecta un caso de violencia y ofrece ayuda a esa mujer, cada familiar y vecino que denuncia, cada juez que recibe a una víctima con la perspectiva, la sensibilidad adecuada, pueden suponer la diferencia entre la tragedia y el futuro digno.
Y desde la política debemos dejarnos la piel por lograr una sociedad verdaderamente justa, igualitaria y democrática en la que las mujeres no sientan miedo ni sean víctimas. Este 25 de noviembre es de justicia que todos y todas reclamemos en un grito unánime, sin resquicios de tibieza, el fin de cualquier forma de agresión hacia las mujeres, nosotras, esa mitad de la población mundial deseosas de festejar un 25 de noviembre por otros motivos que no sean de luto y de barbarie.
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