MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La primera acusada es Arantza Zulueta, que ya cumplió condena por su integración en el 'frente de cárceles' de la banda terrorista. Abogada en ejercicio, tenía un papel destacado en la organización al menos desde 1999, siendo la máxima responsable del colectivo de abogados de ETA.
Según el escrito de la acusación, desde su posición Zulueta participó en actos relativos al cobro del impuesto revolucionario, colaboró en la fijación de objetivos de la banda y ayudó a integrantes de la organización a eludir la acción de la Justicia.
La Fiscalía pide para ella 12 años de prisión y 14 años de inhabilitación especial para cargo público por el delito de integración en organización terrorista, en condición de dirigente. Igualmente, solicita 7 años de cárcel y 14 de inhabilitación absoluta por el delito de depósito de armas y explosivos.
El segundo de los acusados, Jon Enparantza, también cumplió condena junto a Zulueta por su integración en el órgano K.T., el mencionado 'frente de cárceles'. Eso sí, él estuvo interno en Estremera mientras que su compañera cumplió la pena en la prisión de Picassent, en Valencia.
ZULUETA Y ENPARANTZA VUELVEN A COINCIDIR EN EL BANQUILLO
Enparantza, alias 'Mik Mik', se encargaba desde 2008 de gestionar todo lo referente al colectivo de presos y a su entorno tanto en Francia como España, garantizando la conexión entre ETA y los presos. Además, aseguraba la transmisión de órdenes, directrices y circulares de la banda a los reclusos de la misma.
El Ministerio Fiscal pide para Enparantza pena de 12 años de prisión y 14 de inhabilitación para cargo público por delito de integración en la organización terrorista en condición de dirigente dentro de la misma.
Además, la Fiscalía pide para la abogada Naia Zuriarrain 11 años de prisión y 13 años de inhabilitación para cargo público por el delito de miembro de la organización terrorista ETA.
Desde el 2008, Zuriarrain formaba parte de la K.T. y fue la encargada de dirigir el órgano hasta su detención en abril de 2010. Como responsable, sus funciones pasaban por gestionar las reuniones, escribir notas y circulares y tener la comunicación con HALBOKA, una estructura orgánica de ETA que alrededor del año 2002 sustituye al "subaparato de Makos" y que se encargaría, además de otras actividades secundarias de apoyo a otros aparatos.
11 AÑOS PARA EL ENCARGADO DEL BOLETÍN INTERNO DE PRESOS ETARRAS
Otro de los integrantes de la K.T. que se sentará en el banquillo a partir de este martes es Iker Sarriegue, que se encargaba de apoyar el contacto entre ETA y los presos, manteniendo una estrecha relación con los interlocutores en los distintos centros penitenciarios. El Ministerio Fiscal propone para Sarriegue, una pena de 10 años de prisión y 13 de inhabilitación como miembro de ETA.
Como parte de HALBOKA, Julen Celarain se enfrenta a una petición de 11 años de prisión y 12 años de inhabilitación como cargo público por el delito de pertenencia a organización terrorista en condición de miembros.
Así, Celarain fue uno de los encargados de recibir uno de los documentos de la comunicación orgánica que el exjefe de ETA David Pla trasladó a otro de los acusados, Jon Enparantza. Además de ser uno de los encargados de elaborar la revista EKIA --el boletín interno de los presos--, Celarain realizaba labores de enlace entre los presos y la dirección de la banda.
ACTUÓ DE CORREO ENTRE SU NOVIO Y UNA DIRIGENTE DE ETA
Otra de las encargadas de la correspondencia en el entorno de ETA que acudirá a la Audiencia Nacional la próxima semana es Saioa Aguirre. Concretamente, desde 2008 actuó como correo entre su novio --que pertenecía a la banda-- y la ya mencionada Arantza Zulueta.
El sistema de mensajes que utilizaba consistía en dejar los pendrive que contenían las comunicaciones en un banco de un parque, pegándolo con celo. Una vez que su novio dejaba el USB y la señal --ataba un lazo rojo en el mobiliario urbano-- ella lo recogía, llevándolo en alguna ocasión al despacho de Zulueta.
Para ella el Ministerio Fiscal propone una pena de 7 años de cárcel, 10 euros de multa durante 20 meses y 10 años de inhabilitación por el delito de colaboración con organización terrorista.
Por su parte, Juan María Jáuregui --conocido como 'Pika'-- fue propuesto en el año 2008 por la dirección de ETA a David Pla como una persona que podía ser captada por la banda. El motivo fue su cercanía a la Izquierda Abertzale y a la familia de Jon Salaberria, exdirigente de la organización terrorista.
Fue un año después cuando 'Pika' recibió de manos de Nerea Redondo un total de 44.500 euros en metálico que guardó en su domicilio. Un montante de procedencia ilícita y que tenía como destino último la banda. Precisamente otra de las encausadas en el juicio que comienza el próximo martes es la propia Redondo.
La Fiscalía solicita para Jáuregui y Redondo 7 años de prisión, multa de 10 euros diarios durante 20 meses y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de 14 años de inhabilitación absoluta. A ambos se les imputan los delitos de colaboración con organización terrorista.
El último de los encausados es José Domingo Aizpurua, el encargado hasta 2003 de recibir y responder el correo que los presos enviaban desde las cárceles. La Fiscalía pide para 'El Pitxas de Usurbil' una pena de 9 años de prisión, multa de 10 euros diarios durante 20 meses e inhabilitación por 11 años por el delito de colaboración con organización terrorista.
