MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
"Desde hace demasiado tiempo se conoce la insatisfacción y la falta de confianza de la ciudadanía con la Justicia", ha dicho, sin mencionar razón alguna, aunque en el marco de la polémica por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva pendiente desde hace dos años, así como por la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones.
Campo ha defendido que "es obligación de un Gobierno democrático atender las demandas de la sociedad que le ha dado su confianza", apuntando a continuación que "la sociedad demanda una Justicia cercana, comprensible, moderna, sostenible y participativa". "Y en ello estamos, repensando el sistema y desarrollando las normas, las instituciones y los recursos", ha indicado, durante el acto inaugural del Día Europeo de la Mediación, que se celebra este 20 de enero y en el que ha participado de forma telemática.
En este sentido, ha recordado que su Ministerio trabaja en el plan Justicia 2030, cuyo objetivo es reformar la administración de justicia en un horizonte temporal de diez años porque --ha sostenido-- "la reforma de la Justicia no puede estar sometida a la duración de los gobiernos, debe ser un plan a largo plazo y respetado por quien esté en el poder".
Campo ha mencionado como pieza fundamental de este plan el anteproyecto de ley de eficiencia del servicio público de justicia, que "dedica buena parte de su articulado a la regulación tanto de la mediación como de otros métodos de solución de controversias", y ha anunciado que la fase de información y audiencia pública de este borrador comenzará el jueves.
Este anteproyecto de ley, ha explicado, persigue un "doble objetivo": "aumentar la sostenibilidad y reducir la litigiosidad", por un lado, y "promover la cohesión social a través de nuevas fórmulas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación", por otro.
Se trata, ha contado Campo --aludiendo como ejemplo a los juzgados civiles y mercantiles--, de que un tercero ajeno a las partes en conflicto las ayude a encontrar una solución "más ágil, más eficiente y más satisfactoria", impulsados también por "incentivos económicos y procesales", que no ha precisado.
UN AHORRO ESTIMADO DE 380 MILLONES DE EUROS
Campo ha expresado su confianza en que el resultado será que una parte de esos conflictos no lleguen a juicio, detallando que, si se consigue resolver por esta vía uno de cada cuatro conflictos, se podrá conseguir "una reasignación de recursos estimada en la nada desdeñable cantidad de 380 millones de euros". "Eso es eficiencia cuantificada", ha valorado.
No obstante, ha insistido en que, al igual que con otras normas, se buscará la "cogobernanza" para mejorar el texto actual. "La primera palabra la tiene el Ministerio, pero la palabra final la tienen el resto de ministerios, las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, los actores del sector justicia", ha afirmado, invitando a todos estos agentes a hacer sus aportaciones con "rigor", para lograr la "excelencia", y con "complicidad", para reconocer "cada sensibilidad, necesidad y capacidad".
Para el ministro, ocho años después de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, esta es "una enorme oportunidad para apostar por la mediación en todos los ámbitos y potenciar la cultura del pacto y del diálogo", lo cual --ha recalcado-- "no es solo un reto de la Justicia sino de toda la sociedad".
Además, ha recordado que con la aprobación el pasado mes de diciembre del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal se regularon por primera vez en España los medios adecuados para la resolución de conflictos.
EL DIÁLOGO, SOBRE LA "CRISPACIÓN"
A su juicio, "el fortalecimiento de la solución negociada de conflictos engarza con un modelo de sociedad, un modelo que privilegia el acuerdo sobre el conflicto, el diálogo sobre la confrontación y la crispación".
Asimismo, ha resaltado que este "nuevo modelo de Justicia" que supone la mediación "entronca con tres elementos fundamentales en el ámbito internacional", mencionando el punto 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que aboga por una Justicia sostenible; la política de la UE sobre acceso universal e igualitario a la Justicia y protección a los colectivos más vulnerables; y el trabajo del Consejo de Europa para la defensa de los Derechos Humanos.
Todo ello, ha subrayado, perfila "la Justicia del futuro", si bien ha matizado que en parte es ya también algo "presente" porque la pandemia de coronavirus ha obligado a acelerar las "reformas pendientes", destacando en concreto la "transformación digital". "Somos conscientes de que es una ardua tarea, pero no estamos solos", ha declarado, apelando de nuevo a la "cogobernanza": "Solo mediante un esfuerzo colegiado la nueva realidad será posible".
