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Despolitización del CGPJ: una oportunidad real; por José Manuel Maza Muriel, abogado

01/12/2020
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El día 1 de diciembre de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de José Manuel Maza Muriel en el cual el autor opina sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

DESPOLITIZACIÓN DEL CGPJ: UNA OPORTUNIDAD REAL

A lo largo de los últimos meses, la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una de las principales piedras de toque del debate político, pues el mandato de los actuales miembros se encuentra caducado desde hace dos años. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios ha impedido que se cumplan los plazos legales, creándose así una situación de anomalía institucional.

El CGPJ es un órgano constitucional y, por tanto, su composición y funciones le vienen dadas de manera directa por la Constitución, gozando así de la mayor relevancia orgánica. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus pares, como el Congreso, el Senado o el Gobierno, el CGPJ no constituye en sí mismo uno de los tres poderes. Que me disculpe el lector especializado, pero no está de más recordar que el conocido como Tercer Poder lo conforman, en exclusiva, todos y cada uno de los jueces y magistrados que, a través de sus resoluciones, actúan como guardianes de la legalidad. Por ello, se habla del CGPJ como órgano de gobierno de los jueces, teniendo la finalidad de garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función judicial frente a todos los ciudadanos.

El CGPJ tiene un mandato de cinco años y, a diferencia de otros órganos constitucionales colegiados, sus miembros se han de nombrar en bloque. En cuanto al procedimiento de elección, la primera Ley Orgánica del Poder Judicial establecía lo que, de manera unánime entre la mejor doctrina y la judicatura, se considera el sistema de elección más fiel al texto constitucional en relación con los doce miembros de extracción judicial, esto es, que se elijan por sufragio universal, por y entre jueces y magistrados de todas las categorías. Así, tan solo se reservaba a las Cortes Generales la elección de los ochos vocales del turno de juristas, que deben contar con más de quince años de antigüedad profesional. Se trataba, por tanto, de un sistema de elección mixto entre los representantes de la soberanía nacional y los jueces. Quizá por mor de esos tiempos pretéritos, el primer CGPJ estuvo formado por personas que gozaban de un reconocido prestigio (en el sentido literal del término) y, en muchas ocasiones, sin adscripción política alguna. Pero, tras la llegada al poder de los socialistas, en 1985, se modificó el sistema para otorgar la elección de la totalidad de los miembros del CGPJ a las Cortes Generales (recuerden el célebre “Montesquieu ha muerto”), siendo confirmado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 29 de julio de 1986. Desde entonces, el extinto bipartidismo fue pactando la composición de los sucesivos Consejos en función de su representación parlamentaria, a través de las famosas cuotas. Además, como consecuencia de los pactos de investidura, estas cuotas se abrieron en ocasiones a otras formaciones, con nombramientos puntuales de personas próximas, por ejemplo, a partidos nacionalistas. Desde entonces, la percepción social entorno a un CGPJ politizado es recurrente en cualquier estudio sociológico.

En la actualidad, el bipartidismo ha sido sustituido por un amplio arcoíris parlamentario. Sin embargo, la aritmética surgida tras las últimas elecciones generales hace posible que el PSOE y el PP mantengan ciertos reductos de decisión conjunta como es, en este caso, la suma de los 3/5 necesarios para la renovación de los órganos constitucionales que requieren de esa mayoría reforzada, como el CGPJ. Así las cosas, nos encontramos ante una oportunidad de oro para que los grandes partidos vuelvan definitivamente al espíritu de la Constitución y, mediante un gran pacto por la Justicia, se aleje toda sospecha de injerencia política en el CGPJ. Además, se estarían atendiendo las recomendaciones de los principales organismos internacionales en materia de independencia judicial. Sin embargo, no descubro nada si afirmo que el PSOE es rehén de sus pactos con partidos que abogan frontalmente por el fin de nuestro orden constitucional. Así, su socio de gobierno, lejos de quedarse al margen de esta negociación, está presionando para ocupar puestos en un futuro Consejo. El PSOE, mientras tanto, sabe que si no alimenta las ambiciones de su principal aliado la supervivencia del Gobierno correría peligro y, por tanto, apuesta por una política de cesión permanente. Pero, además, en este momento nadie puede garantizar que no se pretenda incorporar a otras formaciones, también radicales, como ERC o EH Bildu, con las que últimamente pacta cada semana. Recordemos, por ejemplo, el acercamiento de terroristas o el reciente anuncio de modificación del Código Penal en relación con el delito de sedición y que tiene como único fin la salida de la cárcel de los políticos catalanes condenados por sentencia firme del Tribunal Supremo.

En este contexto, resultaría difícil comprender que el PP llegase a aceptar, sin más, las cuotas que se estarían ofreciendo desde el Ejecutivo, esto es, un diez a diez de vocalías. Primero, porque la entrada de perfiles radicales en el CGPJ supondría la apertura de una veda imposible de contener. Segundo, porque no cabe esperar que el Gobierno deje fuera de su ámbito de influencia la elección del presidente, que sería el puesto clave en un hipotético Consejo paritario. En este sentido, bajo una supuesta independencia, según los últimos nombres filtrados, se esconden verdaderos militantes de la izquierda judicial. Tercero, porque se daría oxígeno a sus competidores electorales, que han renunciado públicamente a participar en cualquier reparto del CGPJ mientras no se vuelva al sistema de elección anterior a 1985.

Por todo lo anterior, lo que aquí se propone es lo siguiente: idealmente, la consecución de un pacto entre los dos principales partidos para recuperar el sistema de elección de los vocales de extracción judicial entre y por jueces, sin la participación de las Cortes Generales. La tramitación de la reforma, si hubiera voluntad política, podría llevarse a cabo en pocas semanas. Si no se quisiera dar ese paso en este momento, bajo la justificación de profundizar en un pacto más amplio, bastaría con firmar ahora un compromiso para el próximo Consejo y proceder a la renovación inmediata con el sistema vigente, pero eligiendo de forma conjunta cada nombre, huyendo de la política de cuotas, con personas verdaderamente independientes y de trayectoria intachable. Quizá sea un ingenuo, pero creo firmemente en la existencia de estos perfiles y en la necesidad de contar con su autoritas en estos momentos de enconamiento. Están ahí y el deber de nuestros políticos es encontrarlos. Y conseguir que acepten, claro.

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