MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)
El juicio se ha celebrado este miércoles y la exregidora se ha conformado con los hechos y la petición fiscal modificada tras el acuerdo alcanzado entre las partes, que ha supuesto también la condena del marido y del que era gerente de la sociedad municipal de Gerencia de Obras y Servicios de Marbella.
El fiscal pedía inicialmente una pena de cinco años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de ellos, así como que devolvieran al Consistorio los 37.146 euros de los que presuntamente se habían apropiado ilegalmente.
Pero, en virtud del acuerdo entre las partes la acusación pública ha retirado la petición de cárcel, de multa y de responsabilidad civil y ha solicitado diez años de inhabilitación para cada uno de los procesados. Así, considera que la exregidora y el gerente son autores de un delito de prevaricación y el marido es cooperador de dicho delito.
Según las acusaciones, Yagüe designó verbalmente a su entonces esposo como coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento marbellí "sin ajustarse a procedimiento legal alguno, no siendo autorizado dicho nombramiento por la comisión de gobierno y sin darse cuenta al pleno municipal ni dictarse decreto".
El otro acusado, entonces gerente de una sociedad municipal, supuestamente "cumplió la orden verbal emitida por la procesada" y en julio de 2003 concertó contrato de trabajo con el esposo de Yagüe; una contratación que se hizo "a pesar de conocerse el incumplimiento de los requisitos legales por todos los acusados".
El sueldo neto medio mensual era de 3.194 euros, percibiendo dicha retribución hasta julio de 2004, dice la Fiscalía, apuntando que en agosto de dicho año, la entonces alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que incrementara el salario al acusado hasta un importe neto de 4.808 euros. Ese aumento se hizo, señala el escrito, a petición del marido de Yagüe.
El incremento salarial se acordó por Yagüe supuestamente "sin ajustarse a procedimiento legal alguno, sin el conocimiento ni consentimiento de la junta de gobierno local ni del pleno y sin ajustarse a convenios colectivos vigentes".
