RESOLUCIÓN DE 12 DE AGOSTO DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
En los últimos años el ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico, ha ido incorporando un conjunto de políticas públicas que, relacionadas intrínsecamente con el propio funcionamiento de la Administración, tienen la finalidad de conformar un nuevo modelo de relación del sector público con la ciudadanía que redunde en una prestación de servicios públicos de mayor calidad, más eficaz y eficiente, adaptado a los nuevos entornos relacionales a través de medios digitales y sirviendo mejor a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre 
, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados y recogiendo el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 156.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el relativo a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
La ciudadanía debe confiar en que los servicios públicos disponibles por medios electrónicos se prestan en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se acercan personalmente a las oficinas de la Administración.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , regula la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos y determina los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , señala en su artículo 11 que todos los órganos superiores de las Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad que articule la gestión continuada de la seguridad, que será aprobada por la persona titular del órgano superior correspondiente.
El marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido determinado por Orden de 31 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. En su artículo 2, señala que cada organismo incluido en el ámbito de la aplicación de la Orden deberá desarrollar y aprobar el documento de política seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del organismo, así como las normas y procedimientos que adecuen, en su caso, el marco común y las directrices básicas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a sus particularidades, también determina que su aprobación se realizará mediante orden de la persona titular de la consejería correspondiente "o resolución del órgano competente de la entidad pública u organismo autónomo, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias. "
La redacción de la presente Resolución se ha adecuado a la normativa sobre impacto de género, en el sentido de lo establecido en el artículo 14 , apartado 11 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y artículo 4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, referido a los principios generales de actuación de los poderes públicos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas con la finalidad de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida por el artículo 9 de la Ley 12/2003. de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo y artículo 8 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer y aprobar la Política de Seguridad de la Información, en adelante, PSI, en el ámbito de la administración electrónica del Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE.
2. La política de Seguridad aprobada se aplicará a todos los servicios, aplicaciones o sistemas del SCE, por todo el personal de las unidades administrativas de este organismo, así como por el personal de otros organismos o entidades que hayan sido autorizados para acceder a los sistemas de información incluidos en su ámbito de aplicación.
3. La PSI del SCE debe ser observada por las personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad en sus relaciones con las entidades anteriores cuando procedan al uso de sus sistemas de información.
Artículo 2.- Misión del SCE.
Es misión del SCE fomentar, mejorar y promover el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias, luchar contra el desempleo y cubrir las necesidades de formación de los trabajadores y trabajadores desempleadas y ocupadas, atendiendo con carácter prioritario a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades para su inserción laboral. El SCE ha de dinamizar lo preceptuado en el artículo 40 de la Constitución española y el artículo 5.2 c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, llevando a cabo una política orientada al pleno empleo estable y de calidad y al autoempleo, conforme establece el artículo 2 de Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
Artículo 3.- Principios de la PSI.
Sin perjuicio de los principios básicos establecidos en la norma que regula el Esquema Nacional de Seguridad, la PSI del SCE en el ámbito de la Administración electrónica se desarrollara, con carácter general, de acuerdo a los siguientes principios determinados en la Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:
a) Principio de confidencialidad: los sistemas de información deberán ser accesibles únicamente para aquellas personas usuarias, órganos y entidades o procesos expresamente autorizados para ello, con respeto a las obligaciones de secreto y sigilo profesional.
b) Principio de integridad y calidad: se deberá garantizar el mantenimiento de la integridad y calidad de la información, así como de los procesos de tratamiento de la misma, estableciéndose los mecanismos para asegurar que los procesos de creación, tratamiento, almacenamiento y distribución de la información contribuyen a preservar su exactitud y corrección.
c) Principio de disponibilidad y continuidad: se garantizará un alto nivel de disponibilidad en los sistemas de información y se dotarán de los planes y medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios y la recuperación ante posibles contingencias graves.
d) Principio de gestión del riesgo: se deberá articular un proceso continuo de análisis y tratamiento de riesgos como mecanismo básico sobre el que debe descansar la gestión de la seguridad de los sistemas de información.
e) Principio de proporcionalidad en coste: la implantación de medidas que mitiguen los riesgos de seguridad de los sistemas de información deberá hacerse bajo un enfoque de proporcionalidad en los costes económicos y operativos.
f) Principio de concienciación y formación: se articularán iniciativas que permitan a las personas usuarias conocer sus deberes y obligaciones en cuanto al tratamiento seguro de la información. De igual forma, se fomentará la formación específica en materia de seguridad TIC de todas aquellas personas que gestionan y administran sistemas de información y telecomunicaciones.
g) Principio de prevención: se desarrollarán planes y líneas de trabajo específicas orientadas a prevenir fraudes, incumplimientos o incidentes relacionados con la seguridad TIC.
h) Principio de mejora continua: se revisará el grado de eficacia de los controles de seguridad TIC implantados, al objeto de adecuarlos a la constante evolución de los riesgos y del entorno tecnológico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
i) Principio de seguridad TIC en el ciclo de vida de los sistemas de información: las especificaciones de seguridad se incluirán en todas las fases del ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas de los correspondientes procedimientos de control.
j) Principio de función diferenciada: la responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los servicios.
Artículo 4.- Definiciones.
A los efectos previstos en esta Resolución, las definiciones, palabras, expresiones y términos han de ser entendidos en el siguiente sentido:
Gestión de riesgos: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos.
Infraestructura tecnológica: aquellos recursos físicos y lógicos, sobre los que se soportan los sistemas de información.
Riesgo: estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización.
Sistema de Información: conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transmitir.
Sistemas de Información propios: aquellos sistemas de información cuyo ámbito de aplicación es específico para un área concreta y su gestión pertenece a este organismo autónomo
Artículo 5.- Marco normativo.
El marco normativo para el desarrollo de la gestión de los servicios y competencias del SCE es el siguiente:
a) Ley 12/2003, de 4 de abril , del Servicio Canario de Empleo.
b) Decreto 118/2004 , 29 julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo.
c) Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Resolución de 25 de junio de 2018, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
e) Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
g) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos ).
h) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Artículo 6.- Organización de la gestión de la PSI.
La estructura organizativa de la gestión de la seguridad de la información en el ámbito de la Administración electrónica del SCE, está compuesta, por los siguientes agentes:
a) Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
b) Responsable de la Información.
c) Responsable del servicio.
d) Responsable de Seguridad.
e) Responsable del Sistema.
f) Responsable de los tratamientos que contengan datos de carácter personal.
g) Administradores de la Seguridad del Sistema.
Artículo 7.- Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
1. Se crea el Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información, en adelante el comité, como un grupo de trabajo en el seno del SCE, que estará constituido por los siguientes miembros.
a) Presidencia: responsable de Seguridad será la persona titular de la Dirección del SCE.
b) Secretaría: persona designada por la Presidencia que actuará con voz y sin voto.
c) Vocalías: responsables del Sistema, de la Información y del Servicio, que serán las personas titulares de la Secretaría General y de las Subdirecciones de Formación, Empleo y Promoción de la Economía Social.
2. El Comité, en cuanto a su régimen de funcionamiento, en lo no previsto en esta Resolución, se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen jurídico del Sector Público.
3. El Comité se reunirá con carácter ordinario una vez al año y con carácter extraordinario a propuesta de su Presidencia. Las reuniones se realizarán en horario de trabajo, de forma presencial o por videoconferencia. Las convocatorias de las sesiones serán remitidas por la persona que ejerza la secretaría a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación, cuando sea posible; las condiciones en las que se va a celebrar la sesión; el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. No se percibirán indemnizaciones en concepto de asistencia por concurrencia al Comité.
4. El Comité podrá recabar de personal técnico la información o asesoramiento pertinente para el ejercicio de sus funciones. En caso necesario este personal podrá ser convocado por el Comité para su asistencia a las reuniones, en calidad de asesores, con voz pero sin voto.
5. Podrá acordarse la constitución de subgrupos de trabajo para el análisis, elaboración y ejecución de trabajos o actividades específicas, dentro del ámbito de sus funciones.
La composición del Comité será lo más equilibrada posible entre hombres y mujeres, en la designación de las personas de libre nombramiento, conforme dispone el artículo 12.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En caso de ausencia, vacancia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del Comité serán sustituidos por quien designe la presidencia.
Artículo 8.- Funciones del Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
Al Comité le corresponden, como mínimo, las siguientes funciones:
a) Elaborar los borradores de modificación y actualización de la PSI.
b) Analizar los riesgos e impulsar su evaluación.
c) Aprobar y revisar el informe anual de Análisis de Riesgos realizado por la persona Responsable de Seguridad.
d) Impulsar la actualización de los criterios y directrices sobre seguridad de la información.
e) Impulsar medidas para mejorar y reforzar los sistemas de seguridad y control.
f) Impulsar el cumplimiento y difusión de la PSI, promoviendo las actividades de concienciación y formación en materia de seguridad para el personal del SCE.
g) Elaborar los borradores de directrices y normas de seguridad generales para todo el SCE, que deberá cumplir el marco normativo de la presente Resolución.
h) Elaborar la normativa de seguridad de segundo nivel, que se corresponde con las políticas específicas de seguridad y con las Normas de Seguridad TIC (en adelante, Normas STIC), de obligado cumplimiento.
i) Coordinar las decisiones y actuaciones de los diferentes Responsables de Seguridad, asesorando la resolución de los posibles conflictos entre los mismos bajo el criterio de garantizar la seguridad de las infraestructuras tecnológicas compartidas.
j) Impulsar los proyectos para la adecuación al cumplimiento del ENS.
k) Compartir experiencias de éxito en materia de seguridad entre sus miembros para velar por el cumplimiento de la PSI y su normativa de desarrollo.
l) Coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los sistemas de información.
Artículo 9.- Responsables de la Información y Responsables del Servicio.
1. Las funciones de las personas Responsables de la Información y del Servicio que establece la normativa que regula el ENS, serán desempeñadas por las personas titulares de la Secretaría General y de las Subdirecciones de Formación, Empleo y Promoción de la Economía Social.
2. Son funciones de cada Responsable de la Información, dentro de su ámbito de actuación, establecer las necesidades de seguridad de la información que se maneja y efectuar las valoraciones del impacto que tendría un incidente que afectara a su seguridad. Tienen, además, la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido para la misma.
3. Son funciones de cada Responsable del Servicio, dentro de su ámbito de actuación, determinar los requisitos de seguridad de los servicios prestados.
4. Para desarrollar estas funciones, las personas Responsables de la Información y del Servicio, contaran con la colaboración de Gestores y Gestoras Responsables, que se corresponderán con las personas titulares de aquellas unidades a su cargo con rango de Servicio o equivalentes.
Artículo 10.- Responsable de Seguridad.
1. La Responsable de Seguridad de la Información se corresponde con la persona titular de la Dirección del SCE.
2. Conforme al artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula ENS, la Responsable de Seguridad es la persona que determina las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.
3. La Responsable de Seguridad podrá designar a una persona Responsable de Seguridad Delegada, que bajo su dependencia funcional, será responsable en su ámbito de todas aquellas acciones que le sean delegadas. Esta delegación de funciones en ningún caso supondrá la delegación de la responsabilidad.
4. Para el ejercicio de sus funciones contará con el asesoramiento y apoyo del Comité.
Articulo 11.- Funciones de la persona Responsable de Seguridad.
A la Responsable de Seguridad le corresponde coordinar de manera continua el desarrollo de la seguridad de la información en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, además de las siguientes funciones:
a) Promover la seguridad de la información manejada y de los servicios electrónicos prestados por los sistemas de información.
b) Proponer la normativa de seguridad de segundo nivel, que se corresponde con las políticas específicas de seguridad y con las Normas de Seguridad TIC (Normas STIC), de obligado cumplimiento.
c) Aprobar la normativa de seguridad de tercer nivel, que se corresponde a los procesos, procedimientos STIC e instrucciones técnicas STIC.
d) Procurar que la documentación de seguridad se mantenga organizada y actualizada, y de gestionar los mecanismos de acceso a la misma.
e) Promover las actividades de concienciación y formación en materia de seguridad en su ámbito de responsabilidad.
f) Realizar la coordinación y seguimiento de la implantación de los proyectos de adecuación al ENS.
g) Realizar los preceptivos análisis de riesgos, de seleccionar las salvaguardas a implantar y de revisar el proceso de gestión del riesgo, elevando un informe anual al Comité.
h) Promover auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la información, y analizar los informes de auditoría, elaborando las conclusiones a presentar a los Responsables del Servicio y los Responsables de la Información para que adopten las medidas correctoras adecuadas.
i) Coordinar el proceso de Gestión de la Seguridad.
j) Firmar la Declaración de Aplicabilidad, que comprende la relación de medidas de seguridad seleccionadas para un sistema, conforme al artículo 27 y Anexo II.2 del Real Decreto 3/2010.
k) Elaborar informes periódicos de seguridad que incluyan los incidentes más relevantes de cada periodo.
l) Determinar la categoría del sistema según el procedimiento descrito en el Anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y las medidas de seguridad que deben aplicarse de acuerdo con lo previsto en el Anexo II del mismo Real Decreto.
Articulo 12.- Responsable del Sistema.
1. Será Responsable del Sistema la persona titular de la Secretaría General, al ser el órgano que ostenta las competencias en materia de informática y nuevas tecnologías, y por tanto en el desarrollo, mantenimiento, implantación y explotación de los sistemas de información que dan soporte a los servicios que presta el SCE en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Las funciones de la persona Responsable del Sistema son las siguientes:
a) Implantar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema durante todo su ciclo de vida, siguiendo las indicaciones de la Responsable de Seguridad.
b) Aprobar toda modificación sustancial de la configuración de cualquier elemento del sistema.
c) Suspender el manejo de una determinada información o la prestación de un servicio electrónico si es informado de deficiencias graves de seguridad, previo acuerdo con el Responsable de dicha información o servicio, y con el Responsable de Seguridad.
Artículo 13.- Responsable de los tratamientos que contengan datos de carácter personal.
La persona responsable de los tratamientos que contengan datos de carácter personal deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal y el resto de disposiciones legales de aplicación. También deberá aplicar la PSI establecida en esta Resolución y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que la desarrollen.
Artículo 14.- Administración de la Seguridad del Sistema.
1. La administración de la Seguridad de los sistemas de información propios del SCE, recaerá en el Servicio de Informática, unidades dependientes de la Secretaría General.
2. El Servicio de Informática, bajo la dirección de la Secretaría General, será responsable de implementar y gestionar la seguridad de la información, dentro del marco de la PSI y de las normas de seguridad y procedimientos de seguridad que la desarrollen.
3. Serán funciones de las personas titulares de la Administración de la Seguridad del Sistema las siguientes:
a) La implementación, gestión y mantenimiento de las medidas de seguridad aplicables a los sistemas de información.
b) La gestión, configuración y actualización, en su caso, del hardware y software en los que se basan los mecanismos y servicios de seguridad de los sistemas de información.
c) La gestión de las autorizaciones concedidas a los usuarios del sistema.
d) La aplicación de los procedimientos operativos de seguridad de la información.
e) Aprobar los cambios de configuración de los Sistemas de Información.
f) Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos estrictamente.
g) Asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar los sistemas de información.
h) Supervisar la Infraestructura tecnológica, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes.
i) Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema.
j) Informar a la persona Responsable de Seguridad y del Sistema de cualquier anomalía, compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad.
k) Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su resolución.
l) Participar en el diseño de los aspectos técnicos de los planes de contingencia, recuperación o continuidad.
m) Realizar pruebas de verificación de los planes de contingencia, recuperación o continuidad.
n) Asesorar en materia de seguridad de la información en lo relativo a su campo de actuación al Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información, a las comisiones o comités sectoriales que pudiera existir, a la persona Responsable del Sistema o a la Responsable de Seguridad.
4. Estas funciones podrán ser desarrolladas directamente por la persona titular de la Administración de la Seguridad del Sistema, también coordinando a otros empleados y empleadas públicas del SCE o mediante la supervisión y control de contratos de prestación de servicios.
Artículo 15.- Obligaciones del personal.
1. Todo el personal que preste servicios en el SCE, tiene la obligación de conocer y cumplir la PSI y la normativa de seguridad derivada, siendo responsabilidad del Comité disponer los medios necesarios para que la información esté disponible para las personas afectadas y comunicar dicha disponibilidad.
2. Todas las personas que utilicen o tengan acceso a los sistemas tecnológicos o de información del Gobierno de Canarias en general y del SCE en particular, así como a la información en ellos contenida, tienen las siguientes obligaciones:
a) Conocer y respetar la PSI, así como las normas de seguridad y procedimientos de seguridad que la desarrollen y que le afecten.
b) Asistir a las acciones de concienciación en materia de seguridad de la información que se realicen.
c) Utilizar los servicios y sistemas de información, así como la información en ellos contenida y a la que tengan acceso, con una finalidad profesional acorde a las tareas encomendadas en función de su puesto de trabajo y a los fines y propósitos que motivaron la concesión del acceso.
d) Velar por la confidencialidad de la información a la que tenga acceso según la clasificación y características de la misma.
e) Notificar eventos que puedan suponer un incidente de seguridad o evidencien una debilidad que pueda implicar posteriores incidentes.
f) Colaborar en la resolución de incidentes de seguridad y en la realización de acciones preventivas cuando sea necesaria su participación.
g) No realizar acciones intencionadas que perjudiquen la seguridad de los sistemas tecnológicos o de información, ni la información que contienen.
3. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado de conformidad con la normativa disciplinaria correspondiente.
4. En todas las unidades administrativas del SCE no se podrá hacer uso de sistemas de información para la prestación de servicios de Administración Electrónica diferentes a los proporcionados por el SCE o en su defecto por el Gobierno de Canarias.
5. En el caso de personas vinculadas a entidades externas, el uso se limitará a las tareas o actividades circunscritas en los términos del contrato o acuerdo que regula la relación entre esa entidad y el SCE.
Artículo 16.- Terceras partes.
1. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando se presten servicios a otros organismos o se ceda información a terceros:
a) Se les hará partícipes de la PSI y de las normas de seguridad o procedimientos de seguridad relacionados con el servicio o la información afectados.
b) Se establecerán canales de información y coordinación entre los respectivos responsables de gestión de la seguridad de la información y se establecerán procedimientos de seguridad para la reacción ante incidentes.
2. Cuando se utilicen servicios o se maneje información de otros organismos o entidades, se procurarán canales de información y coordinación en materia de seguridad de la información.
3. En los contratos de adquisición de sistemas o aplicaciones informáticas, de prestación de servicios tecnológicos, y también en el caso de contratos de prestación de servicios de otro tipo que implique el uso de servicios, aplicaciones o sistemas informáticos internos, se deberán tener en cuenta las medidas y consideraciones de seguridad de la información que resulten de aplicación, según la legislación vigente en la materia. También se deberán tener en cuenta las medidas y consideraciones de seguridad de la información que resulten de aplicación legal, en caso de acuerdos de cesión de sistemas, aplicaciones o acceso a servicios de otros organismos o entidades.
4. Cuando algún aspecto de la PSI no pueda ser satisfecho por una tercera parte, se requerirá de la persona Responsable de Seguridad un informe sobre los riesgos en que se puede incurrir y la forma de tratarlos. A la vista de dicho informe y antes de que se haga efectiva la prestación, uso, acceso o cesión de que se trate, las personas responsables de la información o de los servicios afectados decidirán sobre la aceptación o no del riesgo residual.
Artículo 17.- Gestión de riesgos.
1. La gestión de riesgos es un factor esencial para una exitosa gestión de la seguridad de la información, y debe realizarse de manera continua sobre los sistemas de información, conforme a los principios de gestión de la seguridad basada en los riesgos del artículo 6 y reevaluación periódica del artículo 9 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el ENS.
2. La persona Responsable de Seguridad es la encargada del análisis de riesgos de los sistemas de información gestionados por el SCE, y de seleccionar las salvaguardas a implantar. El informe del análisis será revisado y aprobado por el Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
3. Las personas Responsables de la Información y del Servicio son las responsables de los riesgos sobre la información y sobre los servicios, respectivamente, y por tanto de aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis, y de realizar su seguimiento y control.
4. El proceso de gestión de riesgos, que comprende las fases de categorizan de los sistemas, análisis de riesgos y selecciona de medidas de seguridad a aplicar, que deberán ser proporcionales a los riesgos y estar justificadas, deberá revisarse cada año por parte de la persona Responsable de Seguridad, que elevara un informe al Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
Artículo 18.- Resolución de conflictos.
1. En caso de conflicto entre las diferentes personas responsables que componen la estructura organizativa de la PSI, este será resuelto por la superior jerárquica de los mismos. En su defecto, será resuelto por la persona titular de la Dirección del SCE, oído el Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
2. En caso de conflictos entre las personas responsables que componen la estructura organizativa de la PSI y las definidas en seguimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, prevalecerá la decisión que determine la responsable del tratamiento que presente un mayor nivel de exigencia respecto a la protección de los datos de carácter personal.
Artículo 19.- Auditoría.
1. Los sistemas de información propios del SCE serán objeto, al menos cada dos años, de una auditoría regular ordinaria interna o externa que verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS. Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas.
2. Los informes de auditoría quedarán a disposición del Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información.
Artículo 20.- Formación y concienciación.
1. El SCE deberá desarrollar actividades formativas específicas orientadas a la concienciación y formación del personal de este organismo autónomo, así como a la difusión de la PSI y de su desarrollo normativo.
2. El Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información y la persona Responsable de Seguridad se encargaran de promover las actividades de formación y concienciación en materia de seguridad.
Artículo 21.- Actualización de la PSI.
La propuesta de revisionismo de la PSI la elaborara la persona Responsable de Seguridad con el apoyo del Comité para la Gestión y Coordinación de la Seguridad de la Información y será aprobada por la Dirección del SCE.
Disposición adicional única.- Financiación de medidas de cumplimiento de PSI.
La aplicación de las previsiones contenidas en esta Resolución, no supondrá incremento del gasto público. Por tanto, los órganos y entidades afectadas deberán desarrollar las medidas derivadas de su cumplimiento ateniéndose a sus disponibilidades presupuestarias ordinarias, no dando lugar, en ningún caso, a planteamientos de necesidades adicionales de financiación.
Disposiciones Finales
Primera.- Facultad para dictar instrucciones de interpretación y aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General para dictar las instrucciones que sean necesarias para la correcta interpretación y aplicación de la presente Resolución.
Segunda.- Publicación.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. También se publicará en la sede electrónica del SCE.
Tercera.- Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
