LA CRÍTICA Y EL PODER JUDICIAL EN UN ESTADO DE DERECHO
El concepto de Estado de derecho supone el imperio de la ley, lo que hay que entender en una democracia no sólo como el respeto a la ley creada por el legislador elegido mayoritariamente por el pueblo, sino que también implica atenerse al tenor de la Constitución. La razón se encuentra en que esta establece un poder constituido como soberano, el pueblo, del que emanan una serie de poderes, que en tanto que tales no pueden ir más allá de lo establecido por la misma Constitución. Son tres los poderes que resultan del poder soberano, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta es la diferencia fundamental con una dictadura, definida por la univocidad del poder. En una dictadura sólo hay un poder, sea el del pueblo, sea el de quien habla en nombre de ese pueblo, que es sobre el que recae todo el poder, pues no deberíamos olvidar en los tiempos que corren lo que decía Schmitt: “Siempre es característico de la dictadura una supresión de la democracia sobre bases democráticas”. Por el contrario, en una democracia el pueblo habla por medio de los poderes que en él se originan. El poder legislativo da la ley, mientras que los otros dos son formas diferentes de llevar a cumplimiento esa ley, de manera positiva, mediante el desarrollo reglamentario de las leyes, el Gobierno realiza la función ejecutiva; de manera negativa, el judicial, sometido al imperio de la ley y ejerciendo su potestad jurisdiccional, juzga y hace ejecutar lo juzgado. Así pues, el legislador no juzga y el judicial no legisla; el ejecutivo ejerce, por su parte, la potestad reglamentaria regulada de acuerdo con la ley.
La articulación entre esos poderes es compleja y no deja de plantear dificultades. En un régimen parlamentario, el poder legislativo ocupa un lugar central, pues es el que ejerce la potestad legislativa y controla la acción del Gobierno. No obstante, esa preeminencia ha decaído, de acuerdo con Rosanvallon, en nuestros días, pues en realidad es el ejecutivo el que de hecho controla el legislativo, lo que podemos apreciar en cualquier sesión del Congreso, en la que los diputados actúan siguiendo las instrucciones de las direcciones de sus partidos, antes que proceder en función de lo que cada uno pudiera interpretar como aquello que defiende el interés general. En esta situación, la división tripartita de los poderes queda diluida en una dualidad entre la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno y el poder judicial sometido únicamente al imperio de la ley.
Hace semanas conocimos una sentencia del TSJ de Madrid en la que se condena -”el culpable escarnece el derecho”, decía Binding-, por varios delitos a una representante de un partido concreto. No voy a entrar en esa decisión, pues parece que lo hará el Tribunal Supremo, aunque sí lo voy a hacer en las críticas que tal decisión ha suscitado entre sus compañeros de partido. Está claro que en régimen democrático la libertad de expresión es central, por lo que todos tenemos el derecho a criticar las decisiones adoptadas por cualquiera de los poderes, en este caso, el poder judicial. El problema no se encuentra, por tanto, en el ejercicio de la crítica, sino en la consistencia de la misma y esto por dos razones, por quien hace la crítica y por cómo se hace.
Veamos la primera cuestión. Las tres personas a las que me refiero no son cualesquiera, sino que ocupan puestos muy relevantes, dos de ellos en el Consejo de Ministros, esto es, en el Gobierno, y la otra es la portavoz parlamentaria de su formación, por lo que la posición que ocupa también lo es, aunque ahora en el legislativo. Su situación relevante en el sistema democrático exige que sus críticas hayan de estar bien fundamentadas, al menos mejor que la de la mayor parte de la ciudadanía, pues de una u otra manera nuestro interés, el interés general, se encuentra en sus manos. Decía Hamilton que había una diferencia fundamental entre el poder que deriva de las urnas y el poder judicial. El primero es consecuencia de la suma de cierto número de voluntades individuales, mientras que el poder judicial solo posee discernimiento. Por eso, las críticas a sus decisiones han de situarse en el terreno en el que ese poder se mueve, el terreno de la razón.
De esta manera nos situamos en la segunda de las cuestiones que planteaba, cómo ha de ejercerse la crítica a las decisiones judiciales. En las declaraciones que hizo el vicepresidente del Gobierno dijo que acataba esa decisión, muestra evidente del respeto que hay que tener por las decisiones judiciales, lo que no obvia para que al mismo tiempo puedan criticarse, que es el terreno en el que ahora quisiera entrar. Pues bien, la crítica que hicieron los tres degenera conforme pasamos de una a la de lo otro. Comenzaré por la del vicepresidente que afirmó que “mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos” (El País, 22 de abril), con lo que si recoge tal sentimiento habría que deducir que lo comparte. Esta crítica tiene un problema, pues basarla en lo que uno siente no parece que nos sitúe en el plano del discernimiento, que es el que se nos exige. Decir que siento que en este país los corruptos muy poderosos quedan impunes me retrotrae a un escenario en el que pareciera que vivimos en un país dominado por mafiosos sin control alguno. Si esto fuera así, habría que probarlo, no simplemente sentirlo.
Al día siguiente, el mismo medio recogió las declaraciones de la ministra de igualdad, en las que afirmaba que “ninguna persona que en España luche contra las injusticias estar[án] solas. Somos más”. De esta manera empeora las declaraciones de su vicepresidente, pues no se queda en el terreno del sentimiento, sino que avanza hacia un terreno distinto de aquel en que se desenvuelve el poder judicial, la arena política, en la que las disputas se dilucidan por medio del número, justamente el terreno en el que se mueven las urnas, suma y resta de voluntades. No hace falta preguntarse por su intención, pues es suficiente con darse cuenta del lugar en el que ha colocado a la justicia, el de la disputa política.
Sin embargo, la declaración del portavoz parlamentario es la más insensata de todas, pues dijo, según recoge el mismo medio el día 22 de abril, que “han condenado sin pruebas”, es decir que los miembros del tribunal han prevaricado. Yo no he leído la sentencia, por lo que no puedo formular juicio al respecto, pero si esto es así, debería interponer una denuncia contra los miembros de ese Tribunal, que esperemos que sean condenados de acuerdo a la gravedad de los hechos que se les imputan, pues si en este país los jueces están condenando sin pruebas o incluso las están manipulando, pues si pueden lo más, también habrán de poder lo menos, quiere decirse que nuestra justicia se parece más a la de un régimen leninista o estalinista, llámesele como se quiera, que a un Estado de derecho. Ahora bien, si no fuera así, esa afirmación no está acogida por la libertad de expresión, pues esta no puede amparar que se atribuya a otro de manera gratuita la comisión de un delito.
Esto es lo que hace que me pregunte si estas declaraciones consisten en una crítica racional o de lo que se trata es de otra cosa, arrinconar a un poder judicial cuando no decide tal y como uno desea, sino que contraviene sus intereses. Esto supondría en un Estado de derecho, ya debilitado por lo que decía al principio, acabar con el mismo, pues parece que se tratara de supeditar el poder judicial a los deseos del poder ejecutivo o quizá a una parte de él, cuando en estos momentos tenemos que ser conscientes de que es en el poder judicial donde podemos encontrar el último reducto desde el que defender un posible abuso de nuestros derechos.
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