MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Campo, que ha comparecido por primera vez en el Parlamento desde que fue nombrado ministro, respondía de este modo a las preguntas sobre una posible reforma penal que le han planteado los portavoces de JxCat, la CUP y también para manifestar sus temores respecto a estos cambios por parte del PP, Vox y Ciudadanos. La Reforma del Código no ha formado parte de su discurso inicial sobe los ejes de su programa ministerial, y sólo ha respondido a esta cuestión al final de su turno de réplica.
"No hay compromiso con un partido en orden a modificar el Código, pero también es verdad que pero no hay ni una sola Legislatura en la que el Código que no se haya modificado porque los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios", ha añadido. En cualquier caso, el titular de Justicia considera que "traerá al más amplio debate" -es decir, sin atajos que permitan ahorrar los trámites de informes preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- cualquier reforma "sea de la rebelión sedición, la protección animal, de los delitos sexuales o medioambientales".
Ha querido también subrayar es que no quiere que esta reforma "sea un palo en las ruedas" para la consecución de un consenso que permita la reforma necesaria de la "justicia cotidiana".
En cuanto a los cambios concretos en el capítulo de delitos que incluye la rebelión y la sedición, el nuevo titular de Justicia ha calificado de "curioso" el hecho de que en instituciones como FASE se hayan celebrado ponencias sobre reformas de la primera de estas conductas sin que se haya "caído el mundo". "Hay que analizarlo todo y traeremos expertos, pero no nos desgastemos en peleas estériles que pueden llegar, pero todavía no han llegado", ha concluido Campo en relación con este asunto.
RESPUESTA POR DELGADO
También se ha referido Campo en su turno de réplica a las duras críticas que por parte de los grupos de oposición ha merecido la elección de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.
En este punto, el ministro de Justicia ha interpelado directamente al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para recordarle que el mandato constitucional es claro al señalar que para dicho puesto los requisitos son ser español y jurista de reconocido prestigio con quince años de ejercicio. También considera "bueno" que la Constitución diga que la propuesta de nombramiento, que hace el Rey, venga del Gobierno, que es quien dirige la política interior de la que forma parte la política referida a la lucha contra la criminalidad.
También ha defendido la elección del Gobierno ante las críticas del diputado del PP Luis Santamaría, a quien ha afeado que hable de falta de autonomía del fiscal o falta de independencia de los jueces porque ello es injusto para estos profesionales y supone desconocer mecanismos de abstención y recusación, "y sobre todo desconocer la realidad" "No ofendamos, lanzar esos mensajes es demoledor", ha añadido en este punto.
Sobre la introducción del fiscal instructor en materia penal mediante la reforma de la LeCrim, ha insistido en que este es el modelo que tienen todos los países de nuestro entorno y ha recordado que la Constitución no le dice al juez que tiene que instruir, sino juzgar y ejecutar lo juzgado, mientras que encomienda a los fiscales promover a acción de la justicia. Esta propuesta, que considera esencial, se llevará al Parlamento "con todos los informes preceptivos" e incorporando todas las directivas y normas internacionales.
A lo largo de todo su turno de réplica, Campo ha insistido no obstante que cree que es más lo que les une que lo que les separa, por lo que, por ejemplo, lamenta la visión de desconfianza en la Justicia planteada por diputados como Isabel Pozuela, portavoz Mildeu, madre de uno de los condenados aún en prisión por la agresión a guardias civiles en Balausta (Navarra).
También ha insistido en otros aspectos de su programa, como la recuperación de la justicia universal volviendo a la situación que existía en 2009, cuando se limitó parcialmente su aplicación a propuesta del PSOE, ya que ha recordado que entonces "hubo gran consenso".
En cuanto al sistema de elección de vocales del CGPJ, ha defendido el actual modelo de "doble legitimación" -pues los diputados escogen entre un grupo de personas ya preseleccionada por los propios jueces-, así como su legalidad reforzada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, admitiendo no obstante que pueda existir "una mala gestión" dicho modelo.
Finalmente, ha negado que el Ministerio de Justicia haya puesto ningún obstáculo a la investigación realizada en Argentina de los crímenes del franquismo por la juez Servicie. "El juez competente dijo que no era posible, y puso vías alternativas, que son las que se están desarrollando", ha manifestado.
En cuanto a la ampliación del número de jueces, el ministro considera que no hay duda que se necesitan, si bien advierte que el número de plazas no es lo único que determina que la justicia resuelva los problemas. Así, ha planteado que existen partidos judiciales en los que la carga de trabajo es consumible, se crea nuevo órgano y a los pocos meses ese órgano tiene la misma carga.
También ha defendido la existencia de la Audiencia Nacional, cuestionada por los portavoces de partidos independentistas, y que si no existiera "la tendríamos que inventar" al haber delitos que superan lo provincial, aunque no descarta que pueda mejorarse.
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