BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
En una atención a los medios, ha explicado que se trata de competencias que se respetaban gracias a un acuerdo en comisión bilateral, mientras que en el nuevo reglamento --que entrará en vigor en julio-- "se limita la capacidad que tiene la Generalitat en adopciones", que suponen el 28% de las adopciones en el Estado en 2018.
Ha señalado que el nuevo texto centraliza las decisiones en el Estado, que acreditará las entidades: "Lo que hace es complicar la vida a los ciudadanos que quieren adoptar, porque se puede dar la situación de que adopten en una entidad de referencia que no esté implicada en el tejido catalán" y no pueda hacer un acompañamiento cercano, cuando ya es de por sí un proceso complejo.
Se trata de competencias que se ejercen en Cataluña desde hace 20 años, que aparecen en el Estatut: "Nos sorprende mucho que el actual Gobierno del Estado, el Gobierno del PSOE, haga lo que no hizo ni el Gobierno del PP", ha lamentado.
"Si Cataluña fuera un Estado, estaríamos en el noveno lugar en torno a adopciones en todo el mundo", ha señalado, y ha subrayado que el Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción (Icaa) ha demostrado estos años que es un buen instrumento, y este nuevo reglamento puede suponer un paso atrás respecto al Estatut.
Desde el punto de vista técnico, no aborda los retos de la adopción en la actualidad, como puede ser "el conocimiento de los orígenes", ha observado el conseller sobre este ámbito internacional, en el que se dieron 83 adopciones en Cataluña el año pasado.
EN CATALUNYA, NO AGILIZA
La directora del Icaa, Agnès Rusiñol, ha lamentado que "invade competencias en tres aspectos primordiales": el Estado se encargará del inicio y cierre de la tramitación con países concretos --la Generalitat podía hacer acuerdos con países--, regulará el flujo decidiendo los expedientes que se envían, y acreditará las entidades, por lo que en Catalunya quedará solo la gestión.
"Hay situaciones muy diversas dependiendo de la comunidad autónoma. Entendemos que hay otras a las que esta centralización puede ayudar a agilizar: no es el caso de Cataluña", donde ha dicho que tendrán que ver cómo se desarrolla, pero de entrada creen que no ayudará.
PUEDEN RALENTIZARSE
Actualmente hay entre 500 y 600 en Cataluña --entre familias que han empezado hace poco y otras que están a punto de culminar el proceso--, y aunque creen que en principio no se pararán, cambiará la forma en la que se vehicularán y pueden ralentizarse.
Ven comprometida la cercanía con entidades: "Perdemos proximidad" al acreditarse entidades que no tienen sede en Cataluña, añadiendo más complejidad.
Ha relatado que este reglamento, aprobado el 22 de marzo y publicado en el BOE el 4 de abril, tiene tres meses para entrar en vigor, por lo que están a la espera de ver si el TC decide suspenderlo tras estudiar su recurso.
