NO, SEÑORA MAY, ESTA VEZ, NO
Tras una semana en la que el Brexit ha ocupado nuevamente todos los titulares, parecería cansino insistir en ello si no fuera porque nuestro país está directamente implicado en sus consecuencias. Antes de que se conocieran los términos del acuerdo con la Unión Europea (UE), la primera ministra británica presentaba a su Gabinete un documento explicativo del mismo en el que se dedican ocho párrafos a Gibraltar, asunto que -recordemos- debía ser acordado bilateralmente con España. El citado texto nos deja atónitos. Declara Gibraltar como “territorio de ultramar bajo soberanía británica”, olvidando que es la última colonia en territorio europeo y casi una de las últimas en el mundo. Considera a Gibraltar parte en una negociación que siempre ha sido de dos: España y el Reino Unido. Lo más escandaloso, declara que el acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE “no afecta a la soberanía de este país sobre Gibraltar, incluidas sus aguas territoriales”. Así, tangencialmente, se cuela un elemento que nunca ha existido: ¡aguas territoriales de Gibraltar! Ah, y del aeropuerto construido sobre territorio español de manera ilegal, nos olvidamos. Además, al incluir a Gibraltar en el mismo régimen aplicable al resto del Reino Unido tras el Brexit, se pasa a la UE el derecho a negociar una cuestión sobre la que España tiene derecho de veto, haciendo dejación del mismo.
Ciertamente, la diplomacia británica ha demostrado ser maestra en el arte de hacer de la necesidad virtud. Su salida de la UE les pone en la más delicada situación porque implica que la colonia se queda aislada, tanto de la metrópoli, como del mercado único europeo. Esta situación constituye un cambio del estatuto legal de Gibraltar, que debería activar la cláusula de retrocesión de la soberanía a España, como recoge el Tratado de Utrecht de 1713 por el que nuestro país cedió dicha soberanía sobre la Roca a Inglaterra.
Es por tanto absolutamente innecesario que, con la razón legal de parte española, se asuman estas vejatorias condiciones.
España ha tenido la paciencia histórica, a veces por debilidad, de soportar que el Reino Unido controlara una parte tan estratégica de nuestro territorio como es Gibraltar. Tras su salida de la Unión Europea, España ha de recuperar el control total sobre el mismo, como garantía de seguridad, siendo inasumible la presencia de un Estado tercero en un punto fundamental, también para la seguridad de la Unión.
Coincidiendo con el inicio de las negociaciones del Brexit, España propuso de buena fe un régimen transitorio de co-soberanía, que permitiría a los habitantes del Peñón, partidarios -recordemos- de no salir de la UE, gozar de la ciudadanía europea como ciudadanos españoles. Lejos de aceptar las muy ventajosas condiciones que esto suponía, el Reino Unido ha venido utilizando una estrategia de embaucamiento sobre autoridades locales y actores sociales de la zona, y de difusión de informaciones falsas, tan de moda en esta época de la post-verdad. El documento presentado por Theresa May a su Gobierno es la constatación de la mala fe negociadora por parte británica.
Recuperar Gibraltar es un derecho histórico de España que, por supuesto, no implica perder puestos de trabajo; que nadie se llame a engaño en este aspecto. Por el contrario, ha de permitir el crecimiento de una zona depauperada y dañada por la presencia de un paraíso fiscal en el extremo sur de Andalucía, controlado por el Reino Unido. Las posibilidades de desarrollo acelerado pueden tener como base proyectos de recuperación medioambiental marina, o industrias de alta capacidad tecnológica, probablemente ligadas a la seguridad, como consecuencia de la responsabilidad recuperada sobre Gibraltar y en conexión con instalaciones militares en la vecina Cádiz. Recursos no han de faltar en un país moderno y competitivo, miembro de la Unión Europea, de la OTAN y con importante implicación en el Mediterráneo Sur.
La recuperación de Gibraltar tampoco va en detrimento de los habitantes de la Roca. Más bien es su única posibilidad de subsistencia económica y de seguir disfrutando de una libertad de movimiento total con el resto del espacio europeo.
España no puede permitir la prestidigitación diplomática pretendida como enésima trampa por parte del Gobierno del Reino Unido y que ofende la inteligencia del pueblo español y de nuestros representantes políticos.
El 25 de noviembre tendrá lugar el Consejo Europeo en el que los veintisiete Estados miembros de la UE deberán pronunciarse sobre el documento de acuerdo de separación entre el Reino Unido y la Unión. En el mismo debe escucharse claramente la voz de España por dos razones: para no perder la última oportunidad de recuperar algo tan esencial como su territorio y para hacerse valer como país dentro de la Unión Europea. Y para esto no vale una simple declaración política.
No, señora May, esta vez, no.
