MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el objetivo es actuar en línea con este tribunal, que en una reciente sentencia avaló la negativa de Irlanda a entregar a un ciudadano polaco alegando dudas sobre la vigencia del Estado de derecho en este país miembro de la UE.
La instancia comunitaria fijó como criterio que si bien siguen vigentes los principios de cooperación y reconocimiento mutuo del sistema judicial entre los miembros de la UE, un Estado puede contestar a una euroorden si considera que puede peligrar el derecho de la persona reclamada a una tutela judicial efectiva en el país al que se le ha de entregar.
Esta situación se produce en plena polémica por la reforma del poder judicial impulsada desde el Ejecutivo polaco, que ha rebajado la edad de jubilación de los jueces dejando el manos del ministro de Justicia el poder de decidir a quién se autoriza una prórroga en su desempeño y a quién se le deniega, lo que desde Bruselas ha sido visto como un atentado a la independencia del poder judicial obligatoria para pertenecer a la Unión Europea.
Por este motivo, la Comisión Europea ha denunciado a Polonia ante el propio Tribunal de Justicia Europeo, mientras ha activado por primera vez en la historia de la Unión el artículo 7, un mecanismo sancionador que en su primer estadio pone 'en cuarentena' al Estado miembro en tanto se dirime si cumple o no la normativa comunitaria y que puede llegar a implicar que se retire el derecho a voto a Varsovia en los asuntos comunitarios.
España no está sola en este asunto. Tanto Irlanda como Países Bajos han adoptado medidas similares para aclarar cuál es la situación de la Justicia en Polonia y asegurarse, antes de proceder a cualquier entrega, de que las personas extraditadas verán allí respetados sus derechos fundamentales.
