BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, el tribunal ha estimado la cuestión previa planteada en la primera sesión del juicio por la defensa de Serra, Pau Molins, alegando falta de legitimación de la CUP --acusación popular-- para ejercer la acción civil al no ser directamente perjudicada en el procedimiento, y el tribunal fija la fianza en 2,56 millones, lo que reclama la Fiscalía.
Asimismo, el tribunal accede a la pretensión del abogado del exdirector de la entidad y también acusado Adolf Todó y le retira la fianza personal de 800.000 euros que le reclamaba la acusación particular Confederación Intersindical de Cajas (CIC), ya que se ha retirado del procedimiento.
El auto de la Sección 8 de la Audiencia, que responde por escrito a cuestiones previas planteadas por las partes en el juicio, acoge el argumento del abogado Molins de que la acusación popular no tiene nunca legitimación para ejercitar la acción civil dimanante de un delito, por principio, según una sentencia del Tribunal Supremo.
Constata además que la acusación popular de la CUP corresponde a un partido político y que, pese a ser "expresión de pluralismo político e instrumento para la participación, como es obvio persigue determinados fines", por lo que considera que no puede considerarle perjudicado directo.
Así, afirma que "debe reconocerse prosperidad jurídica a la tacha de legitimación en esa específica condición de parte acusadora (popular)" y ajustar la fianza a lo que piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado (como representante del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob): un total de 2.568.000 euros.
El tribunal también ha rechazado la petición del abogado de Todó, Juan Segarra, de restringir el objeto de acusación al aumento del salario variable del acuerdo del 19 de enero de 2010 y no tener en cuenta el fijo, tal y como recogía la denuncia inicial de la Fiscalía, pero la petición no ha prosperado.
El jueves se celebró la primera sesión del juicio, que prevé 28 sesiones, y está previsto que los acusados declaren a partir de este jueves 11 de octubre, empezando por el propio Narcís Serra y Adolf Todó.
Ese primer día Serra declaró ante los medios que no se arrepiente de su gestión al frente de la entidad y que hizo lo que debía, asegurando que los supuestos sueldos desproporcionados "no existen".
Serra y Todó se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de administración desleal.
