Diario del Derecho. Edición de 20/11/2018
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Balance de estío; por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho administrativo y Académico de Número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

30/07/2018
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El día 28 de julio de 2018 se ha publicado, en el diario La Vanguardia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en el cual el autor considera que debería pensarse más en las posibilidades que ofrece votar en referéndum un nuevo Estatut, o una ley de reforma del vigente, y dejar de usar los tópicos que forman el catálogo del independentista bien instruido.

BALANCE DE ESTÍO

El curso político ha sido muy irregular. Comenzó lleno de emociones en septiembre y octubre con la gente en la calle y los políticos enardecidos anunciando un Estado nuevo, pero, con el paso de los meses, se ha visto que bastaba un soplo para que el castillo de naipes se viniera abajo. Ahora ocupan el escenario personajes en rebeldía frente a la justicia y políticos encarcelados; son evidentes las precauciones de los responsables actuales de las instituciones catalanas, aunque se autoafirmen soltando de vez en cuando invectivas contra el Estado opresor. Los protagonistas del independentismo han estado dando vueltas alrededor de los mismos idearios, sin que se les vea avanzar hacia ninguna parte, sobre todo después de que han sentido en la nuca el aliento del soberano. Disimulan, eso sí.

Pasa ahora el país por una mejoría enfermiza, que no ha dado lugar a episodios de euforia institucional ni de crisis extrema. Todo es plano. Van los dirigentes de las masas por un camino inexplorado, desconcertados, sin saber muy bien ni lo que pasa ni cuándo se alcanzará el destino. Como los caminantes de la carretera de Cormac MacCarthy o cosa así. De vez en cuando se dejan oír las estridencias de algún político desequilibrado, las fantochadas de los iluminados que nos acosan o las ilusiones de un último romántico.

Podría hacer un balance desesperado de fin de curso, pero acaban de oírse dos aldabonazos que merecen atención. El más reciente es el retorno de Puigdemont a lomos de su Crida Nacional per la República, con aspiración de liderar a todas las fuerzas independentistas catalanas para establecer la República “lo antes posible”, según la proclama cuidadosamente elegida el pasado fin de semana en la asamblea del PDECat. El otro fue la presentación en el Congreso, el pasado día 17, por el presidente Pedro Sánchez, de su programa. Incluía una propuesta para Catalunya, pendiente de desarrollar, que se resumía en votar un nuevo Estatut.

Catalunya no va a ninguna parte por el camino de la independencia. No se trata solamente de que carezca de justifica­ciones históricas (J.H. Elliott acaba de repetirlo una vez más), de modelos comparados en los que apoyarse, o de cobertura en el derecho internacional o en el comunitario europeo (tampoco, desde luego, en la Constitución española, aunque este motivo importa poco al separatismo); es que no lo van a permitir el resto de los españoles. Los dirigentes políticos estatales están cada vez más firmes en la defensa del principio de que corresponde a los ciudadanos del Estado cualquier decisión que pueda implicar la fragmentación del territorio. Las posibilidades de cambiar esta posición a base de alimentar la confrontación, ofrecer resistencia al ­orden constitucional y desarrollar campañas internacionales en busca de adhesiones equivalen aproximadamente a cero.

Una facción de los independentistas que ahora militan en el PDECat se ha mostrado dispuesta a aceptar el caudillaje de Puigdemont en la lucha por la República. Pertenecen a ella los titulares de las principales instituciones catalanas, a los que espera un futuro inquietante. El general permanecerá en su puesto de mando, en lo alto de su colina histórica, mandando oleadas de soldados al sacrificio, una tras

otra, enfrentándose a la inexpugnable Constitución española y a sus bastiones jurídicos de protección. A buen seguro, además, el Estado se pertrechará de nuevos mecanismos de defensa: aprenderá a usar mejor el artículo 155 y dotará los códigos de tipos punitivos más ajustados.

Arengará el general a sus huestes ofreciendo el paraíso mientras se despacha una bandeja de godivas en su promontorio, gozando con los progresos que anuncian las pantallas de televisión amigas.

Mientras caminan hacia el sacri­ficio, los titulares del Govern de la ­Generalitat y los ­protagonistas parlamentarios del renovado procés tendrán que seguir ­repitiendo la consigna de que la Constitución no es asunto que les incumba y que el Estatut es el pasado. Verda­deramente es asombroso lo que ocurre en Catalunya: se desestima el ­Estatut, pero se vive políticamente del Estatut, se disfrutan los poderes que el Estatut habilita, se reclama dinero usando el Estatut, se pagan las aventuras del líder supremo con el mullido presupuesto de la Generalitat estatutaria, y se impugnan decisiones y normas del Estado invocando el sagrado nombre de la norma institucional básica de Catalunya. Así hasta que se establezca la República, que se promete para “lo antes posible” pero que todos los promotores saben que no está al llegar.

El Gobierno del Estado ha estado contemplando el espectáculo sin saber qué hacer, entre maravillado y absorto. Incluso cuando ha hecho balance de la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha tenido que preguntarse si ha tenido sentido porque la situación está ahora peor que antes. Algo ha fallado en la utilización de ese artículo temible.

Así las cosas en Catalunya, el nuevo Gobierno socialista ha propuesto votar un nuevo Estatut. No ha hecho más que decirlo, aunque la idea esté sin desarrollar, y ya han recordado algunos conspicuos independentistas que el Estatut es el pasado. Lo dicen porque está en el fichero de las respuestas del independentista políticamente correcto. Mejor pensada la idea, verían que el Estatut es la norma por la que se rige el autogobierno de Catalunya y que no hay visos de que esta situación vaya a cambiar en años. Con un poco de más reflexión y estudio tal vez cayeran en la cuenta de que el autogobierno siempre precisa una norma superior que lo defina. Sea republicano o monárquico. Y si repasan la historia de Catalunya también comprobarán que cuando ha gozado de autogobierno siempre ha sido sobre la base de una norma superior que lo ha regido, con el nombre de estatuto o de constitución, pero con la misma función y límites generales.

Así es que debería pensarse más en las posibilidades que ofrece votar en referéndum un nuevo Estatut, o una ley de reforma del vigente, y dejar de usar los tópicos que forman el catálogo del independentista bien instruido.

‘Constitucions’ y ‘estatuts’

La denominación de las normas superiores de Catalunya ha sido tradicionalmente constitucions. Los estatuts forman una generación moderna. Las constituciones de más largo recorrido fueron las civiles reformadas en 1599 ( Del Dret que s’ha de seguir en declarar les causes) que se mantuvieron vigentes, a pesar del decreto de Nueva Planta, durante el siglo XIX. Las Bases de Man­resa, que se aprobaron el 27 de marzo de 1892, todavía usaban la expresión “Constitución regional catalana”. El término estatut se utilizó efectivamente para la Mancomunitat (real decreto de 26 de marzo de 1914). Será el que predomine también en la fase de autogobierno que empieza con la proclamación de la República en 1931, aunque el año anterior, cuando se celebró el pacto de San Sebastián, se dijo que Catalunya se regiría por un estatuto o constitución, dando a ambas palabras una significación jurídica equivalente.

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

Que la mayoría de todos prohiba a la minoría hacer lo que quiere es peor solucion que lograr que la mayoria de esa minoria coincida con la mayoría de todos. Para eso bastaría con modificar la ley electoral haciendo que todos los votos sean iguales en valor como exige el art. 14CE78: todos los españoles somos iguales ante la ley ¿o algunos son más iguales que otros?
De ese modo, es deir, respetando la constitución, la mayoría no independentista de catalanes se vería democráticamente representada en el parlament por la mayoría de diputados en lugar de que esa mayoría de diputados represente a la minoria de catalanes que son independentistas.
Hacer trampas, y la ley electoral, sobre todo en la eleccion del Senado, es un fraude descarado, pasa sus facturas. Solo la ética es gratis; pero, en este país lleno de políticos corruptos ¿le importa la etica política a alguien?

Escrito el 31/07/2018 0:45:43 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

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