MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
"La Abogacía considera que es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el derecho a la defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal", ha denunciado la Comisión Permanente en un comunicado.
De este modo, ha respaldado el amparo que el Colegio de Abogados de Madrid concedió al letrado de Villar Mir el pasado 2 de julio, ya que "el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado".
"Está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano", ha recordado el Consejo General de la Abogacía, que remarca que "la posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad".
LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA
Para evitar casos como el de Villar Mir, la Abogacía Española considera "inaplazable y urgente" completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una ley orgánica del derecho de defensa, pues "sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y, sin Justicia, no puede haber Estado de Derecho; no puede haber ni siquiera democracia".
Así, la Comisión Permanente ha pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que impulse la tramitación del anteproyecto de ley presentado por el Consejo General de la Abogacía al anterior Gobierno, un texto en el que se recoge "el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía" y que cuenta, ha recordado, con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.
LA SALA DE LO PENAL AVALÓ LA INTERVENCIÓN
Además del Consejo General de la Abogacía, la intervención telefónica de las conversaciones entre Villar Mir y su abogado ha suscitado las quejas de los colegios de abogados de Madrid y Barcelona, todo ello a pesar de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalara las mismas al inadmitir un incidente de nulidad presentado por la defensa del empresario.
De esta forma, la Sala dio la razón al juez instructor, Manuel García Castellón y respaldó la petición de la Fiscalía de no expurgar todo el contenido grabado e investigar una parte en la que los interlocutores hicieron referencia a una posible falsificación de un certificado médico para no acudir a una citación judicial. Respecto al resto del contenido, García Castellón decidió anularlo al entender que vulneraba su derecho a defensa.
