MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La pérdida de la mayoría absoluta del PP y el nuevo reparto de escaños de la XI Legislatura abren la puerta a que salgan adelante iniciativas como la registrada por Democracia y Libertad (DL). La antigua CiU reclama la exención del pago de las tasas judiciales a las ONG y a las pymes. Tanto el PSOE como Ciudadanos han presentado escritos que van en la misma dirección.
El plan de digitalización de la Justicia es otro de los asuntos que ha levantado mayores críticas desde diferentes sectores, incluyendo la propia Fiscalía General del Estado que, en contra del criterio del Ministerio que dirige Rafael Catalá, ha pedido públicamente que se paralice la implantación del sistema LexNET. Ciudadanos preguntará por las "incidencias continuas" y el PNV pedirá que los expertos de Justicia emitan un informe urgente para poner fin a estos problemas.
En otro escrito, ERC censura el "populismo punitivo" y pide la derogación inmediata de otra de las medidas 'estrellas' del Gobierno del PP, el cambio en el Código Penal para introducir la prisión permanente revisable. Los nacionalistas apelan al espíritu de la Constitución de 1978 para criticar la "introducción de la cadena perpetua, aunque con distinta denominación", al entender que se renuncia a la reeducación y la reinserción social.
BEBÉS ROBADOS Y LECRIM
Las ayudas para las víctimas de los robos de bebés o la necesidad de clarificar el uso del lenguaje jurídico serán otra de las iniciativas, en esta ocasión introducidas por el PSOE, que serán objeto de enmienda de los grupos de la oposición en esta primera Comisión de Justicia con votación de propuestas que se celebra trascurridos más de tres meses desde la celebración de las elecciones del 20 de diciembre.
Podemos también ha llevado a la comisión sendas iniciativas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar el sobreseimiento de las causas complejas y para combatir el fraude fiscal, poniendo el acento en las subvenciones, desgravaciones o ayudas de la Administraciones Públicas.
El PP, por su parte, ha registrado una proposición para instar al Congreso a elaborar un protocolo sobre el tratamiento de los menores en los procesos judiciales. De esta forma, abogan por impulsar "salas amigables" para crear un espacio apto para este "colectivo especialmente vulnerable".
