MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Los candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dónde se investigaría y juzgaría por desobediencia a los miembros del Gobierno catalán en caso de que no acataran la inconstitucionalidad de la declaración independentista y de que la Fiscalía se inclinara por instar su imputación por la vía penal, han comparecido este martes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer sus propuestas.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces debe decidirse en las próximas semanas por uno de los tres aspirantes. El actual presidente, Miguel Ángel Gimeno, antiguo dirigente de la asociación progresista Jueces para la Democracia, se presenta a la reelección. Bajo su mandato el tribunal ha iniciado la instrucción de la causa por la organización de la consulta del 9-N, en la que están imputados el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la que fuera consejera de Educación, Irene Rigau.
También se presenta al cargo el presidente de la Audiencia Provincial de Gerona, Fernando Lacaba, que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Concurre, además, el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, Francisco Barrientos, de la asociación judicial Francisco de Vitoria.
En las entrevistas, celebradas esta tarde en la sede del CGPJ ante los miembros de su Comisión Permanente, no han faltado referencias a los planes soberanistas del actual Gobierno.
Así, Barrientos se ha referido a la "preocupante situación" provocada por las intenciones del actual equipo de gobierno, que ha anunciado que desarrollará el "acuerdo de desconexión". El juez ha indicado que "ese escenario futuro de ruptura de las relaciones en el campo institucional de la comunidad autónoma" provoca un marco "muy delicado desde la perspectiva del cargo".
Ha avanzado que su intención, en el caso de ser elegido, sería la de "acomodarse a las circunstancias de cada momento", siempre con sometimiento a los mandatos legales y al orden constitucional.
También ha asegurado que existen un centenar de vacantes en la planta judicial catalana, provocadas --ha dicho-- por la inestabilidad creada por la "situación peculiar" que se vive en la comunidad autónoma, y las "incertidumbres" que esta provoca.
Ha mencionado la causa abierta tras la consulta del 9-N para proponer que se eviten situaciones como la que ha generado que el juez Joan Manel Abril, haya sido designado instructor de la querella contra Mas cuando fue elegido magistrado para el TSJC a propuesta del Parlament catalán.
"Uno de los compañeros de procedencia parlamentaria investiga ahora a tres miembros del Govern", ha recordado y ha planteado que estos magistrado propuestos por el Parlament, "corran turno" en el reparto de las causas que afecten a aforados.
EL PRESIDENTE DEFIENDE SU GESTIÓN
Por su parte, Gimeno, ha hecho un repaso a su gestión de los últimos años, y no ha mencionado el desafío independentista. No obstante una de las vocales de Nuria Díaz Abad le ha solicitado que expusiera su visión sobre el asunto. " Es un escenario de ruptura que no contemplo ni quiero contemplar, creo que no, de ninguna manera", ha asegurado rotundamente.
En su opinión, el Estado tiene los medios para poder actuar en consecuencia, ha dicho y ha solicitado al CGPJ que confiera toda la legitimidad posible al nuevo presidente ante esta situación que se prevé "muy crítica".
Gimeno ha precisado que los jueces no deben manifestarse al respecto y convertirse, de ese modo en actores políticos. "Nos perjudica hacernos protagonistas" --ha dicho-- y ha agregado que el poder judicial se encargará de juzgar los conflictos de esta naturaleza y lo hará aplicando la ley "como no puede ser de otra manera".
El candidato de la asociación conservadora también ha hablado de la cuestión inquerido por Díaz Abad. Lacaba, el más breve en su exposición, ha destacado que no piensa que la ruptura vaya a producirse ya que, tras la constitución del nuevo gobierno, "todo lo que hay son simples promesas".
Además, ha defendido que cualquiera de los tres candidatos trabajarán de forma firma como presidentes en el cumplimiento de la ley y la constitución y de la sumisión de todos los poderes a su empleo.
