MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La denuncia se basa en las noticias publicadas en prensa que apuntan que la juez ha ordenado a los funcionarios de su juzgado que paralicen el trabajo sobre los cursos de formación , como medida de presión para que la Junta de Andalucía le envíe más efectivos, lo que a juicio del sindicato denunciante sería delictivo.
Añaden que la juez Núñez Bolaños, a sabiendas del volumen de sumarios existentes en el Juzgado de la que es titular, pidió dicha plaza y ha solicitado además a la Audiencia Provincial de Sevilla hacerse cargo de otro macroproceso, el de los ERE fraudulentos, que se disputa con la juez Alaya que quiere seguir investigándolo como juez de refuerzo.
"En modo alguno debe consentirse que el mayor escándalo de corrupción de nuestro país, que es el de los cursos de formación, permanezca aparcado, con instrucciones directas por parte de la denunciada", señala Manos Limpias en la denuncia que ha hecho llegar al órgano de gobierno de los jueces, para que éste tome medidas disciplinarias al respecto.
a la disputa de ambas jueces por los sumarios, el CGPJ ha solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un nuevo informe sobre el plan de trabajo aprobado por este órgano el pasado mes de junio para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La petición obedece a que la magistrada titular del Juzgado, María Núñez Bolaños, ha acordado con posterioridad a la aprobación del citado plan la división en piezas separadas del caso de los ERE.
La instrucción de la causa había sido atribuida inicialmente a la magistrada que inició esta investigación y ahora actúa de refuerzo en el juzgado, Mercedes Alaya hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronunciara sobre ese extremo.
Por ello, el CGPJ quiere saber si, en opinión del TSJ andaluz, la decisión de Núñez Bolaños afecta al plan de actuación previamente acordado y avalado, según las mismas fuentes. En espera de este informe, la Comisión Permanente del Consejo no llevará este asunto en su reunión de este jueves.
El pasado 31 de julio la juez Núñez Bolaños aceptó la petición realizada el pasado 18 de junio por la Fiscalía Anticorrupción y acordó acordado dividir en tres grandes piezas separadas la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, una petición a la que se había opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya.
