AGONIZANTE EUROPEÍSMO DEL GOBIERNO
Al cumplirse 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas (hoy, UE) conviene mirar hacia el presente de nuestra contribución a la integración europea. Sin olvidar de dónde veníamos -una dictadura, y de varios siglos fuera de la activa política europea-, la inserción en Europa fue un anhelo histórico compartido ampliamente.
Fuimos un socio leal que compartió las finalidades de los socios fundadores. En especial, los gobiernos de F. González, J.M. Aznar, J.L. Rodríguez Zapatero y M. Rajoy compensaron nuestro síndrome de periferia con una estrategia de presencia en el corazón francoalemán de la UE. Aquellos gobiernos encontraron un equilibrio entre los avances de la integración (reformas de tratados como Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa) y la defensa de intereses nacionales.
España tuvo iniciativas importantes como constructor de normas y políticas de forma racionalista: así, en reformas que fueron un salto cualitativo como la ciudadanía europea, el asilo, las políticas de solidaridad o la cooperación policial y judicial. También, de forma realista al ser un gran beneficiario de ellas (apertura a América Latina y Mediterráneo, fondos de cohesión y estructurales, regiones ultraperiféricas por Canarias).
Apoyó acelerar la libre circulación (Schengen), el mercado único y las reformas internas para estar entre los primeros en la meta de la moneda única: España lograba, como nunca antes, estar en el punto de partida y de llegada de la Historia.
España tenía una posición intermedia en la lista de incumplimientos de los tratados y normas derivadas por actuaciones de las Cortes y gobiernos. Y una excelente aplicación judicial (lo único que conserva). Pero algo se torció desde el Gobierno de R. Zapatero: España se colocó entre los tres peores, luego entre los dos últimos o el último en las etapas de M. Rajoy y P. Sánchez, sin lograr enderezarlo todavía hoy. Todo por no hacer los deberes de transposición de directivas al Derecho español o transponer en contra a propósito, acumular sentencias condenatorias del TJUE, sentencias con multas coercitivas millonarias y sanciones diarias de casi un centenar de miles de euros por rebeldía
Quizás lo más grave haya sido la actitud de doble juego de la etapa de P. Sánchez. Aparentemente europeísta, pero manipulando, retorciendo o negando internamente las obligaciones europeas de España.
España nunca vetó una reforma de los tratados hasta que el presidente Sánchez, sin explicación a las Cortes ni a los socios europeos, ordenó no ratificar en las Cortes la reforma del Acta Electoral Europea (Decisión con valor de Tratado al exigir ratificación parlamentaria). Ese texto fue votado a favor por Sánchez en Bruselas en el Consejo de 13.07.2018, por unanimidad con el resto de los socios, para ser aplicado en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo (PE) de 2024. Esa reforma permitía un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% para obtener escaño en los comicios europeos para los Estados que eligen a más de 35 eurodiputados, como España.
Ya se ha dado cuenta el lector de que la orden a Sánchez provino de Junts y del PNV, pues se podían quedar sin escaño incluso optando por el umbral mínimo. Al no ratificar, la reforma no pudo entrar en vigor ni en España ni en la UE en 2024. Incluso, si se optaba por el 5% (como Francia y Polonia) para evitar la fragmentación ilimitada del PE, se hubieran quedado fuera en 2024 ERC, EH Bildu, BNG (4,9%), Sumar (4,7%), Se acabó la fiesta (4,6%) y Podemos (3,3%). No obstante, un grupo variado de Estados miembros -grandes y pequeños- incorporaron la reforma a las leyes electorales nacionales y la aplicaron en 2024, saneando el PE de grupos con irrelevante representación ciudadana.
La delegación europea que visitó España en mayo para investigar ese veto no fue recibida por los ministros Bolaños y Marlaska. Solo cargos medios recibieron a la misión y guardaron silencio (la debida omertà).
Sánchez sólo pensó en sí mismo y su clan al ordenar no ratificar. Primer veto por España en una reforma de los tratados. No ha sido ilegal, por lo que no cabe procedimiento de infracción contra España, pero sí una clara deslealtad para con la UE al despreciar el interés general unánime de la Unión: Sánchez cambió el voto dado en 2018 por una orden en 2023 escrita en un acuerdo con PNV y Junts de no tramitar la ratificación para proteger sus intereses personales de perpetuarse en el poder y no ser abandonado en la votación de investidura por sus socios independentistas.
La segunda prueba de actuación contra el interés general europeo fue la guerra desatada contra la empresa española Ferrovial cuando comunicó en marzo de 2023 el traslado de su sede a Países Bajos ejerciendo su derecho de establecimiento en cualquier Estado de la UE. El presidente Sánchez y la entonces ministra Calviño se opusieron amenazantes a una de las cuatro libertades sagradas de la UE, haciendo gala de ultranacionalismo y antieuropeísmo. El poderoso por encima del Derecho. La discreta actuación de la Comisión Europea y la firmeza de la empresa puso el derecho en su sitio por encima de la querencia trumpista de Sánchez.
Tercera prueba: desde 2024 un banco español (BBVA) pretende legalmente comprar otro banco español (Sabadell). No estoy en condiciones de apreciar los motivos de Ferrovial, tampoco entro en las motivaciones del BBVA ni en la posición del Banco Sabadell. Ahora bien, dos Informes solicitados por la UE diagnostican los males y ponen remedios a la UE (Informe de Enrico Letta -Mas que un mercado- y de Mario Draghi -Informe sobre la Competitividad-): señalan las limitadas dimensiones de las empresas europeas para competir y, en especial, de la banca comparada, con la de EEUU. La compra y fusión de bancos pretende una fortaleza financiera para apoyar el comercio, la industria, la innovación y la competitividad. Lo que necesita España y la UE: interés general español y europeo.
La compra es legal en el Derecho europeo y español, como han concluido el Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También el Fondo Monetario Internacional ha concluido, como los anteriores, que solo cabe negar la compra por problemas de competencia y estabilidad financiera. El Gobierno de Sánchez dice que examinará la compra del banco catalán a la luz de la normativa española (Ley 10/2014) y no de la europea. En Italia hay un caso parecido al español y la “querida Giorgia” (según Sánchez) pone las mismas trabas. Sigue el mandato soberanista de la extrema derecha europea, en especial del autócrata de Hungría (Viktor Orban) que hace prevalecer su ley frente el Derecho europeo.
La guardiana de los tratados, la Comisión Europea, vela por esta oferta regida por el prevalente Derecho de la UE. A Sánchez no le preocupa el interés general europeo ni el español. Su interés para mantenerse en el poder al vaivén de siete diputados catalanes.
Y, cuarta prueba, el Gobierno se niega a aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (C-392/22) que exige el etiquetado de los productos del Sáhara, como tales, y no como procedentes del agresor y ocupante marroquí.
Y la quinta, el esperpento de las lenguas autonómicas: la Constitución española solo prevé el castellano como lengua oficial en el conjunto del territorio nacional. El catalán, vasco y gallego son lenguas oficiales en su Comunidad Autónoma (art. 3.2 CE). El art. 55 TUE fija la lista de las 24 lenguas oficiales. El art. 342 TFUE prevé que un reglamento unánime del Consejo (1/1958) desarrolla el régimen lingüístico. Lo que pretende Sánchez requiere la reforma del 55 TUE y ratificación parlamentaria en los 27 Estados. Sánchez ha pretendido modificar el TUE -la lista de lenguas oficiales del art. 55- por la puerta trasera de un reglamento. El coste de las traducciones superaría 130 millones, aparte la superior cifra de la traducción simultánea en las instituciones.
Sánchez y sus socios niegan a los enfermos de ELA las ayudas previstas en la consensuada Ley 3/2024 y ya han muerto más de 500 en un año sin la ayuda prometida. ¿Hay dinero para siete diputados de Junts y no para los enfermos de ELA?
