MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Fernando Andreu de citar como imputados a siete exconsejeros de Caja Madrid que dispusieron de tarjetas 'black', entre los que se encuentran el economista Juan Emilio Iranzo, porque pertenecían al órgano encargado de fijar la política retributiva y su responsabilidad por un presunto delito de administración desleal resulta, de momento, "lógica" y "coherente" para esclarecer los "suficientes" indicios de criminalidad en su contra.
En sendos autos, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por los exconsejeros nombrados a propuesta del PP Juan Emilio Iranzo (46.800), Antonio Cámara (178.000) y Fernando Serrano (78.600), los propuestos por CCOO Rodolfo Benito (140.600) y Antonio Rey de Viñas (191.500), el exsindicalista de UGT Gonzalo Martin Pascual (129.700) y el exconsejero propuesto por el PSOE Jose Acosta (62.300).
Los magistrados defienden que su llamada a declarar en calidad de imputados no les causa "ninguna indefensión" al tratarse de una garantía para que ejerzan "convenientemente" su derecho de defensa y añaden que esta audiencia es "imprescindible" para continuar el procedimiento en el que se investigan los gastos personales por valor de 15,5 millones de euros que fueron cargados a estos plásticos opacos al fisco entre 1999 y 2012.
TODOS ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR, EXCEPTO EL REY
En este sentido, responden a la defensa del ex miembro del Consejo Económico y Social (CES) Juan Emilio Iranzo, al indicar que el ordenamiento jurídico español no permite sustituir su comparecencia como imputado por la "declaración de su letrado mediante escrito". "Todos están obligados a comparecer al llamamiento judicial para declarar, excepto el Rey y la Reina, el Príncipe Heredero y los regentes del reino", recuerdan.
Por otra parte, los jueces recuerdan que los recurrentes eran miembros del consejo de administración cuando se emitieron las 'visa', por lo que inicialmente "son ellos los que deberán dar cuenta de la emisión de tales tarjetas". "La imputación por un delito de administración desleal resulta cuando menos por el momento, lógica y coherente, al igual que respecto de los miembros del citado consejo", agregan.
"Pero es que además, los gastos de los consejeros de las cajas de ahorros ni operan ni pueden operar al margen de la legalidad", remarcan los jueces en el auto sobre el exsindicalista Rodolfo Benito, a quien consideran "perfecto conocedor" de que las tarjetas no tenían "reflejo en su nómina ni en el certificado de retenciones que se le entregaba a efectos fiscales".
"A mayor abundamiento tampoco consta que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de la existencia de esas tarjetas y diera su visto bueno a los gastos con ella efectuados", concluyen los magistrados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 imputó a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
Andreu archivó en abril pasado la causa contra catorce exdirectivos porque estaba prescrita y en mayo sobreseyó el caso de otros doce exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, al entender que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de los plásticos. A estos doce, les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito presuntamente cometido por los administradores.
