MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo en el funeral del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, quien fuera uno de los secuestradores del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara y que falleció el pasado enero víctima de un cáncer terminal.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Velasco admite a trámite la denuncia presentada por el presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, y el vicepresidente de la asociación Víctor Cotobal, después de que en el funeral, celebrado el pasado 17 de enero en Arrasate, los familiares y amigos de Bolinaga rindieran tributo a su figura y exigieran el fin de la dispersión de los presos de ETA.
A instancias de la Fiscalía, el magistrado pide a la Guardia Civil y a la Ertzaintza que remitan un informe sobre la existencia o no de "incidentes" en el sepelio de Bolinaga que pudieran ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo. En caso de que hubiesen elaborado un atestado sobre estos hechos, pide que lo remitan al juzgado, tal y como ha adelantado 'La Razón'.
FUNERAL EN ARRASATE
La despedida a Bolinaga tuvo lugar en su ciudad natal el fin de semana siguiente a su fallecimiento y contó con la presencia de Jesús María Zabarte, 'El carnicero de Mondragón', el expreso Jon Agirre Agiriano, uno de quienes portaban el féretro, el histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, la portavoz de la Diputación de Gipúzcoa, Larraitz Ugarte, o el alcalde de Arrasate, Inazio Azkarragaurizar (Bildu).
El acto concluyó con los presentes entonando el 'Eusko Gudariak' --el himno al soldado vasco--. En los alrededores del parque Aldai aparecieron pintadas de anagramas con los símbolos de ETA, el hacha y la serpiente.
Bolinaga, condenado por el asesinato de tres guardias civiles y por el secuestro de Ortega Lara, estaba fuera de prisión a causa del carácter terminal del cáncer que padecía desde septiembre de 2012 por decisión de la Audiencia Nacional. Poco antes, el Gobierno le había concedido, por el mismo motivo, el tercer grado penitenciario, una medida que enfrentó al Ejecutivo con las asociaciones de víctimas.
