SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Así figura en un edicto del TC publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se otorga un plazo de quince días a las partes que quieran personarse en el proceso.
En el edicto se informa de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite esta cuestión de inconstitucionalidad por providencia de 20 de enero de este año.
El TSJC inició este procedimiento en el pleito que tiene abierto a raíz de un incidente de ejecución de la sentencia que ordenó la demolición del edificio de Las Torres, en Escalante, con 32 viviendas, aunque es previsible que se repita para las autorizaciones provisionales de Piélagos, Argoños y Miengo.
La cuestión de inconstitucionalidad se basa en la posible vulneración en "algún apartado concreto" de competencias del Estado --concretamente la legislación procesal--, la tutela judicial efectiva y la plena potestad jurisdiccional.
Sin embargo, cuando se anunció esta posibidad, en septiembre de 2014, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, anunció que el Gobierno alegará ya que piensa que se trata de una ley "constitucional" y además con una figura --la de las propias autorizaciones provisionales-- que es "tremendamente útil y que, en su opinión, "va a quedar" en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, el titular de Urbanismo cree que el TC "dará la razón" al Gobierno porque la ley cántabra "solo autoriza lo que el plan (urbanístico) permite". Se trata de no demoler para construir lo mismo, lo que es "una figura lógica y razonable", para el consejero.
Con todo, el Gobierno destacó entonces que la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad permite ganar el tiempo necesario para finalizar los planes generales que hagan posible legalizar "buena parte" de las viviendas afectadas.
Fernández advirtió entonces de que podrían plantearse otros autos similares en Piélagos, Miengo y Argoños en la Sala de lo Contencioso, aunque calculó que todos ellos ya dispondrán de licencia cuando resuelva el TC, incidiendo en que el Gobierno cree en la "constitucionalidad" de esta figura que, en su opinión, no afecta a la tutela efectiva, y que comparó con el otorgamiento de una licencia en cuanto a que su legalidad "no plantea duda".
