MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aseverado este martes que el PP ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año con el fin de crear una partida de 6 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas a financiar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Catalá ha enumerado este martes en la Comisión de Justicia del Senado las líneas maestras de su departamento para el resto de la legislatura y, entre ellas, se ha referido a una cuestión que ha suscitado "cierta tensión" en las comunidades y los profesionales como son las tasas judiciales y la financiación de la justicia gratuita.
A pesar de que se pueda "hacer la crítica de si es suficiente" la partida de 6 millones de euros, ha considerado que se trata de una cantidad "relevante". Además, ha indicado que el estudio sobre el impacto de las tasas estará listo en "muy pocas semanas" y ha añadido que "no están afectadas, como ingreso tributario que son, a la prestación de ningún servicio público".
Asimismo, Catalá ha afirmado que España está "perfectamente" ubicada en número de jueces con otros países europeos al disponer de 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Ha citado el caso de Holanda --con 14,4--, de Suecia --con 11,8--, de Noruega --con 11 jueces--, de Francia --con 10,7-- o de Italia --con 10,6--.
ESPERA QUE EL CÓDIGO PENAL LLEGUE EN ENERO AL SENADO
Después de recordar que su departamento trabaja en la inscripción telemática del nacimiento o la defunción, Catalá se ha referido a la reforma del Código Penal para confiar en que el proyecto de ley llegue al Senado durante "la segunda mitad de enero".
En este sentido, ha indicado que se extenderá el concepto de juicio rápido y el fomento de las conformidades en delitos con una instrucción sencilla, como son aquellos de conducción en estado de embriaguez. "Constituyen el 50 por ciento de las sentencias condenatorias que cada año dictan los tribunales", ha añadido.
El Ministerio de Justicia trabaja también por articular "por fin" la doble instancia penal, considerar la revisión como el cauce para aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y agilizar la instrucción en macrocasos, compatibilizando los derechos del imputado con la actuación de los investigadores.
