MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea han debatido este martes en Bruselas la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la creación de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de los Veintiocho. Un ámbito que ha arrojado un fraude de 500 millones de euros en los últimos tres años, según calcula la Comisión Europea.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado en este foro el "firme apoyo de España para constituir cuanto antes una Fiscalía Europea eficaz y eficiente, tal como nos lo exigen nuestros ciudadanos en tanto que contribuyentes a las arcas públicas".
Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, ha defendido una estructura central colegiada, que tenga una "máxima descentralización" para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.
Las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerían así de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados.
Según este modelo, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados y podrían decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.
Según la propuesta española, el control jurisdiccional de los actos de la Fiscalía Europea quedaría encomendado por lo que esta entidad tendría la consideración de autoridad nacional y, aunque sería independiente, mantendría una relación especial con Eurojust en aspectos operativos, administrativos y de gestión u otros órganos, como Europol.
Justicia ha informado en un comunicado que el ministro ha abogado por que este modelo sea revisado a los cinco años de su puesta en marcha para valorar su eficacia y estudiar si son necesarios ajustes en su estructura, funcionamiento o en los asuntos objeto de la Fiscalía común.
GARANTÍAS PROCESALES DE LOS MENORES
Los ministros de Justicia han tratado la propuesta de Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales para establecer unas normas mínimas específicas relacionadas con la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. La Presidencia griega de la Unión Europea ha iniciado la tramitación de esta futura norma recabando en un texto de orientación general de los Estados miembros .
Los interlocutores han debatido sobre la aplicación completa o parcial de las garantías procesales recogidas en la Directiva para los menores sospechosos o acusados de procesos penales que, durante el procedimiento que les afecta, cumplen la mayoría de edad.
España ha defendido, tal como rige en nuestro sistema interno, la continuación de la aplicación de esas garantías procesales. "Solo algunas garantías, como la asistencia de los padres a los interrogatorios o la información a éstos, dejan de tener sentido cuando el menor alcanza la mayoría de edad, puesto que la patria potestad deja de existir como regla general en ese momento", ha precisado Gallardón.
Además, España es partidaria de la asistencia letrada obligatoria y no renunciable para estos menores desde el inicio del procedimiento contra ellos y en todo caso. En cuanto a la publicidad de los juicios a menores, el ministro ha defendido que sean normalmente públicos pero con flexibilidad para permitir excepciones caso por caso.
PROTECCIÓN DE DATOS
El avance en la legislación europea sobre la protección de datos ha sido otro de los asuntos tratados en este JAI. España ha defendido que el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo debe servir para unificar criterios y garantizar la protección de la libre circulación de los datos en toda la UE.
A su entender, debe establecer unos modelos de seguridad que tipifiquen los distintos riesgos y que sea flexible para adaptar la regulación a la complejidad del sector público sin incrementar la burocracia.
