MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Las tres asociaciones, que ejercen la acción popular, acusan a los magistrados de prevaricación judicial y piden al Tribunal Supremo que les tome declaración como imputados, según han explicado este viernes en un comunicado. Actúan, además, contra la Administración General del Estado como responsable civil subsidiario.
El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha afirmado que la excarcelación de Inés del Río, que se produjo al día siguiente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictara una sentencia contraria a que se le aplicara la 'doctrina Parot' del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre liquidación de penas, se decidió "con una discrecionalidad antijurídica y prevaricadora".
En la querella se argumenta que "los dieciséis magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional excarcelaron a Inés del Río sin ser competentes para hacerlo, sin que España hubiese recibido aún una notificación oficial de la sentencia" del (TEDH), "sin que existiera una traducción oficial" de la misma y "sin que las partes, el Estado y la terrorista, hubiesen tenido tiempo de personarse, como es preceptivo".
Según las asociaciones, "todos estos hechos antijurídicos vulneran claramente el proceso y vician el auto de excarcelación". Los jueces hicieron uso "torcido del Derecho con un fin predeterminado, el de alcanzar una resolución a todas luces injusta a sabiendas de su injusticia", han añadido.
La querella va dirigida contra los magistrados Fernando Grande Marlaska Gómez, Alfonso Guevara Marcos, Ángela Murillo Bordallo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Luis Hurtado Adrián, Teresa Palacios Criado, Manuela Fernández Prado, Paloma González Pastor, Ángeles Barreiro Avellaneda, Javier Martínez Lázaro, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel Rivero, José Ricardo de Prada Solaesa, Nicolás Poveda Peñas, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri García.
MOTIVO DE LA PREMURA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El portavoz de Sesión de Control, Javier Santamaría, ha explicado que subscribe esta querella "como vía para alcanzar la justicia que es debida a las víctimas y para que se cumpla la ley". En su opinión, "los jueces tienen una responsabilidad muy específica y han de ser ejemplo en el cumplimiento de las normas".
Arsuaga, por su parte, ha recordado que Del Río "es autora de 24 asesinatos y fue condenada a 3.828 años de cárcel de los que solo ha cumplido 26 años", a razón de poco más de un año por cada una de sus víctimas.
A juicio de Santiago Ardura, representante de la fundación Unidad+Diversidad, la Audiencia Nacional tardó solo un día en poner en libertad a la etarra por la influencia que podría haber tenido en las elecciones europeas el retrasar la excarcelación.
