MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel rechazan la petición de la Fiscalía a pesar de que el instructor del caso, Ismael Moreno, aún no ha acatado la orden que le dio la Sala el pasado mes de noviembre y no ha dictado las órdenes de detención de los mandatarios chinos.
En su petición, el Ministerio Público solicitaba la nulidad de la decisión por cuestiones de forma -no existe auto de prisión previo a las órdenes de detención- y aludiendo además a la doctrina constitucional en materia de libertad provisional que según el tribunal "no vienen al caso" pues "nadie discute tan elementales principios".
Además, la Sala reprocha al instructor del caso haber realizado en este asunto un trámite innecesario, una consulta a la Sala sobre este asunto "desprovista de basamento legal" con el fin de retrasar las actuaciones.
"Si el verdadero problema que late en toda esta controversia -esta es la realidad-, estriba en que el juzgador no ha hallado indicios racionales de criminalidad suficientes para dictar auto de prisión provisional contra los querellados, tendrá que atenese a los expresados en el escrito de contestación al incidente de nulidad, sin entrar en otras consideraciones", advierte el tribunal al juez Moreno.
En su orden inicial, la Sala admitía el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tibet, la Fundación Casa del Tibet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa contra la decisión del juez instructor de no emitir las órdenes como le pidieron.
Los cinco exmandatarios chincos están imputados por el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano y la comisión de crímenes de guerra. Tras la ocupación del territorio en 1950 más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90 por ciento de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas, denunciaban las organizaciones querellantes.
La Sala, al contrario que el instructor, considera que "existen indicios de la participación en los hechos" de los cinco altos cargos imputados "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el periodo a que se remontan los hechos que se investigan".
