MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El alto tribunal respalda así la condena dictada en octubre de 2012 por la Sección Octava de la Audiencia de Málaga y considera que los 762.102 euros que se hallaron en bolsas de plástico en un armario de la vivienda del exregidor suponen un "potente indicio de ilegalidad" y también de "delito" al poseerlos un alcalde "posiblemente relacionado con una recalificación de terrenos apta para deparar un formidable incremento patrimonial a los beneficiados por ella".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta este martes el diario El Mundo, se indica que la tenencia de esa cantidad de dinero, "sin dato alguno hábil para dar cuenta de la legitimidad de su origen, unido a la inexistencia de ingresos del nivel necesario para justificarla, no tiene más explicación plausible que la atribuida por la sala de instancia".
De ese modo, ve "francamente irreal" la hipótesis defendida por el acusado de que el dinero procedería de donaciones anónimas hechas al partido que representaba, Partido Democrático de Manilva, "singular" formación que, además "se movía en la más absoluta informalidad y opacidad contables".
Así, el tribunal se pregunta "¿quién y, sobre todo, por qué, tendría que experimentar excesos de generosidad de ese calado en favor del Partido Democrático de Manilva?" y mantiene que "del todo absurdo sería presumir que un partido por completo irrelevante, del que no consta ningún mérito político valorable, pudiera haberse visto beneficiado por una lluvia, si es que no diluvio, de donativos de anónima procedencia".
El Supremo también dice sobre la cantidad de dinero en sí que es "enorme" y está conservada de la forma "habitual en supuestos de dinero sucio, o cuando menos, de oscura procedencia: bolsas de plástico, billetes de 500 euros enrollados y sujetos mediante anillos de goma, mantenidos en un lugar y de una manera por completo impropios".
"Se trata de una modalidad de presencia de efectivo tan fuertemente sugestiva de ilegalidad como la tenencia de pequeños billetes arrugados hallados, junto a alguna papelina, en el bolsillo del pequeño traficante de drogas ilegales, en un contexto propio para la venta de sustancias de esta clase", compara.
Cabe recordar que la sala de instancia consideró que Tirado, por su condición de alcalde, percibió "dádivas en dinero y regalos de otro tipo" de personas no identificadas y que éste no quiso desvelar, como los 762.102 euros intervenidos en su casa; "sin que pueda relacionarse" dicha cantidad con el convenio suscrito para aumentar la edificabilidad de la parcela La Parrada para lograr una importante plusvalía.
Inicialmente, la Fiscalía solicitó dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de tres millones de euros para el exalcalde por un delito de cohecho, aunque en sus conclusiones definitivas, pidió sólo los tres millones de euros de multa, al acusarlo de un delito distinto de cohecho, considerando que el convenio urbanístico acordado no se podía entender como acto injusto.
