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ETA

La Audiencia condena a 25 años de cárcel a 'Gadafi' por enviar un paquete bomba a un empresario en 1994

29/01/2013
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Dos informes caligráficos prueban que el etarra mandó la carta, que iba envuelta en papel de regalo con un lazo rojo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha condenado a 25 años de cárcel al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', por haber enviado desde una dirección postal de París, el 4 de marzo de 1994, un paquete bomba que no llegó a explotar al empresario guipuzcoano Juan Antonio Arruabarrena.

Así consta en una sentencia dictada este lunes por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en la que se atribuye al etarra la autoría de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa y la prohibición de acercarse a su domicilio durante este periodo.

La condena, de la que ha sido ponente el magistrado Alfonso Guevara, se basa en dos informes periciales caligráficos ratificados durante el juicio oral que demuestran que 'Gadafi' escribió el sobre que contenía el artefacto explosivo, que estaba envuelto en papel de regalo y tenía un lazo rojo.

"PODER DE DESTRUCCIÓN MUY ALTO"

El paquete, con un "poder de destrucción muy alto", según la sentencia, estaba formado por un estuche metálico forrado de un material similar al terciopelo y contenía 12 gramos de pentrita, un sistema de iniciación y una tarjeta de visita de la empresa francesa Sheaffer Penco.

El paquete, que fue enviado a un código postal de la empresa 'Pastas Arruabarrena' de Lazkao (Guipúzcoa), fue retirado por el representante de la compañía José Luis Miragaya Saldaña, que lo llevó a la comisaría de la Ertzaintza al recelar de su contenido por su tamaño y no proceder de ninguno de los proveedores habituales de la entidad. Los agentes pudieron desactivarlo tras verificar que se trataba de una carta bomba.

La sentencia destaca en sus fundamentos jurídicos que el empresario era "objeto de amenazas de la organización terrorista" y estaba "sometido" al pago del denominado 'impuesto revolucionario' hasta el punto de verse obligado a trasladar la sede de su empresa de Guipúzcoa a Zaragoza.

El procedimiento judicial en el que se investigaban estos hechos llegó a ser sobreseido provisionalmente por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en enero de 1995 aunque fue reabierto en octubre de 2010.

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