MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración, comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que les imputa indiciariamente la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.
El magistrado tomó este miércoles declaración a Gregorio Gorriarán, que fue el directivo que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos cajas gallegas. El juez le impuso comparecencias quincenales aunque no le retiró el pasaporte, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que considera que cobró indebidamente 913.602 euros.
Moreno abrió los interrogatorios el pasado lunes con la citación del que fuera director general adjunto ejecutivo de Novocaixagalicia, Javier García de Paredes. Este primer imputado afirmó que el banco ahorró 1,5 millones de euros de intereses cuando él cobró anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación.
RONDA DE INTERROGATORIOS
El viernes llegará el turno del exdirector general de la caja única, José Luis Pego, mientras que el lunes se sentará ante el juez el excopresidente Julio Fernández Gayoso.
La Fiscalía considera que las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones fueron ocultadas "tanto al Consejo de Administración como al Banco de España" y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente.
A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.
Apunta además que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías.
