MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) –
Según ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, el objetivo de esta nueva medida es extender el régimen especial de arrendamiento "al mayor número de personas posible".
Para ello, el Ministerio de Fomento ha elaborado un Proyecto de Ley que rebaja el requisito mínimo de viviendas arrendadas de diez a ocho. Además éstas "solo deberán permanecer en régimen de alquiler al menos durante tres años, cuando el periodo mínimo anterior era de seis", ha avanzado Ferre.
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el secretario de Estado ha señalado que se reduce "considerablemente" para incluir solo la imposición a las entidades residentes en un paraíso fiscal, "mientras que antes no existían exenciones en el tributo sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de viviendas".
Asimismo, la nueva ley prevé que las entidades residentes en un paraíso fiscal propietarias de bienes inmuebles en España serán sometidas a un gravamen especial.
Ferre ha indicado que todas estas medidas fiscales se llevan a cabo con el propósito de que la gente tenga más capacidad de adquirir el 'stock' de vivienda que hay en España, y ha reconocido que van unidas a la creación del 'banco malo', "pues este ente tendrá la misma misión".
FOMENTO DE LAS SOCIMI
Dentro del apartado fiscal, la nueva normativa también quiere fomentar la creación y el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), "pues son unos instrumentos que persiguen el objetivo de la liquidez".
El secretario de Estado de Hacienda ha resaltado que la ley que aprobará mañana el Gobierno reducirá el plazo de mantenimiento de los inmuebles en arrendamiento promovidos por la entidad de un plazo de siete años a uno de tres.
Asimismo, se eliminarán los requisitos de diversificación (tener al menos tres inmuebles en su activo y que ninguno de ellos represente el 40% del activo de la entidad) y el capital social mínimo se reducirá de 15 millones de euros a cinco millones.
Además, la obligación de distribución del 90% de los beneficios que no deriven en dividendos a los accionistas baja al 80%, "pues se quiere destinar más dinero para la recapitalización y que las Socimi dependan menos de la financiación ajena, algo que ahora es muy difícil de conseguir".
Ferre ha reiterado que todas estas novedades solo persiguen dar "facilidades" para la utilización de este tipo de vehículos, "pues el Gobierno apuesta fuertemente por ellos".
