El País. 21.08.2012
Un silencio solo roto por alegatos de defensa. La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE irregulares subvencionados por la Junta se inició ayer con mal pie. Si su objetivo es lograr respuestas para entender el fraude que permitió el mal uso de fondos públicos del Gobierno de Andalucía y depurar responsabilidades políticas, su primera jornada resultó un fiasco. Los tres comparecientes, imputados en la causa judicial que investiga el caso, se acogieron a su derecho a no declarar y guardaron silencio. Dos de ellos fueron más allá al tachar la comparecencia de coacción y amenazar a los diputados de la comisión con denunciarles por haberles obligado a escuchar las preguntas formuladas.
Este mutismo será previsiblemente la tendencia que se imponga durante toda esta semana en la que comparecen la mitad de los 25 protagonistas del presunto fraude. Son los comparecientes que más en contacto estuvieron con la Consejería de Empleo, corazón del escándalo, y, por tanto, que más conocimiento atesoran para explicar la supuesta malversación. La próxima semana acudirán los altos cargos políticos, que en muchos casos alegarán desconocimiento (total o parcial) de la dinámica de pagos que permitió comisiones desorbitadas y otras irregularidades. Entre ellos figuran el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el expresidente Manuel Chaves y el exministro Eduardo Zaplana.
Hay personajes de la trama que podrían romper la tendencia al silencio, como el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva al no haber podido reunir aún los 250.000 euros de fianza impuesta, y que comparece hoy. A pesar de su incontinencia verbal, será difícil oír a Guerrero ofrecer otra versión de los hechos después de los tres días de declaración judicial que concluyeron con su ingreso en la cárcel. En similar situación está el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, citado a declarar el viernes. Los comparecientes están obligados a decir la verdad y su testimonio les podría perjudicar para su defensa.
Ayer, en la primera jornada, el exparlamentario del PSOE Ramón Díaz rehusó responder a las preguntas de la comisión y se enfrentó a su presidente, Ignacio García (IU). Este le comunicó que debía escuchar las preguntas que le harían los tres grupos parlamentarios, y Díaz amenazó con abandonar la sala. Solo al recordarle García que su abandono supondría un delito de desobediencia, el exdiputado depuso su actitud. Eso sí, llegó a advertir de que consideraba el interrogatorio formulado una coacción y se planteaba denunciar en los juzgados a los 11 miembros de la comisión parlamentaria.
Dos de los citados tacharon de "coacción" la comparecencia y amenazaron a los diputados con acciones legales
Díaz imploró en repetidas ocasiones a la comisión que le permitiera ausentarse mientras se le preguntaba. Pero finalmente debió oír las cuestiones de IU y PP (el PSOE las entregó por escrito) sobre su etapa como mano derecha de Guerrero en Empleo; entre ellas, si había recibido comisiones ilegales, pregunta que provocó su airada protesta, aunque en vano. “La comparecencia es un todo que incluye también las preguntas y respuestas, no solo lo que el compareciente diga”, zanjó el presidente. La juez Mercedes Alaya le acusa de participar de manera activa en la inclusión de varios intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en diferentes ERE.
Tras Díaz compareció el ex jefe de servicio Antonio Diz-Lois, que también se negó a declarar. El funcionario protestó igualmente por lo que consideró una coacción -el hecho de tener que oír su interrogatorio- y advirtió de que se plantea denunciar a los diputados. Diz-Lois se limitó a leer un alegato de defensa en el que rechazó haber sido responsable o asesor de los ERE. Más tarde, el diputado de IU José Antonio Castro tachó las advertencias de “peregrinas amenazas a diputados que ejercen su labor”.
Por último, compareció Fernando Mellet, exdirector de Mercasevilla, la empresa pública donde surgió el escándalo. Mellet leyó un alegato de 17 folios para defender su inocencia. “Me he sentido vilipendiado y víctima de un escarnio provocado por una grabación absolutamente inconstitucional”, dijo. El ex alto cargo se refería a la grabación en la que supuestamente exige 450.000 euros a dos empresarios como comisión, lo que le va a costar enfrentarse a su primer juicio este otoño.
