LA DIETA JUDICIAL
A la espera de un anteproyecto de ley de lo que puede ser el futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo se sabe lo que se dijo en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, buena táctica para que vayan apareciendo y pulsando opiniones. La Ley Orgánica del Poder Judicial -quizás la más nefasta de la democracia- debe reformarse y está fuera de duda que su total designación parlamentaria le ha llevado al descrédito. La elección por los propios jueces no es “la” solución, pero le daría credibilidad y sería un reto para la Judicatura porque una cosa es reivindicar y otra gobernar y, además, con sentido de Estado, no de sindicato ni de colegio profesional.
Cuestión distinta es “adelgazar” el Consejo, idea que va de lo atractivo a lo inquietante. Una cosa es que en el gobierno y gestión de la Justicia coincidan Ministerio, Consejo y comunidades autónomas, lo que exige delimitar competencias, y otra olvidar que por mandato constitucional el protagonismo del gobierno de la Justicia corresponde al Consejo. La idea de un Consejo ceñido a mínimo constitucional es, en sí, irreprochable, pero tributaria de esa actitud nada novedosa defendida por la izquierda que quiere un Ejecutivo, un poder político fuerte y un Judicial débil.
Es atractiva la idea de que los vocales compatibilicen ese cargo con su trabajo de origen, pero su bondad depende de las competencias que le queden al Consejo. Con las actuales, el Consejo caería en la ineficacia y daría paso a la burocracia, al gobierno de los burócratas, de los letrados del Consejo. Además con vocales a tiempo parcial el riesgo es que ni trabajen al cien por cien en la profesión de origen ni como vocal. Esto, insisto, con las actuales competencias. Otra cosa sería que el Consejo sufriese un desplume competencial mayor que el propinado por la ley de 1985.
Que el Consejo exige una cura de adelgazamiento es obvio, pero una cosa es el carácter necesario de las competencias y otra cómo se gestionan y hay funciones que exigen plena dedicación si se hacen bien: la inspección, las cada vez más necesarias relaciones internacionales, la estadística, la armonización de sistema informáticos, los estudios e informes, publicaciones, etc. Por ejemplo, la Escuela Judicial es consustancial al Consejo, pero harina de otro costal es cómo se ha gestionado durante décadas. No ha interesado plantearse una Justicia eficaz sin multiplicar el número de jueces, por eso sólo se han concebido convocatorias masivas. No es lo mismo formar a promociones de poco menos de un centenar de jueces durante seis meses que hacerlo durante dos años con promociones masificadas.
Pero insisto: una cosa es cortar con un Consejo elefantiásico y otra jibarizarlo. Con esa cura de adelgazamiento la política no dejará de poner sus manos en la Justicia; lo que antes hacían los partidos desde dentro del Consejo lo seguirán haciendo quizás desde fuera, pero al precio de dejar al tercer Poder del Estado en su eterno papel de poder mendicante, subordinado al poder político; un servicio público más en el que el Consejo haga las veces de lo que para un médico es la comisión deontológica de su colegio profesional. En consonancia con la izquierda, la derecha enterraría definitivamente aquel objetivo que se vio lógico tras la Constitución -¡qué tiempos!-, cuando se decía que lo que debería desaparecer es el Ministerio de Justicia y que el Consejo asumiese sus competencias.
Y puestos a adelgazar ¿por qué no socializar la dieta?, porque ¿es necesario el Senado?; ¿debe mantenerse un Tribunal Constitucional cuyas funciones son trasladables ya y ahora al Tribunal Supremo?; fuera de su función de retiro dorado ¿aporta algo el Consejo de Estado?, ¿no bastaría con el asesoramiento de la Abogacía del Estado?; ¿o por qué no un Consejo de Estado o un Tribunal de Cuentas con todos sus miembros a tiempo parcial? Esta actitud del poder político hacia la Justicia recuerda la supresión de coches oficiales: ¿hay que reducirlos?, creo que sí, pero no vale quitárselos a los magistrados del Supremo y dejárselos al ejercito de altos cargos del Gobierno, consejeros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional o de Cuentas o vocales del Consejo. Aquí todos a adelgazar.
