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Tres exediles del PP en el Ayuntamiento de Valladolid declaran hoy como imputados por el caso del PGOU

21/06/2012
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Tres exediles del PP en el Ayuntamiento de Valladolid deberán comparecer este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 para declarar en calidad de imputados como consecuencia de las diligencias abiertas por las modificaciones irregulares realizadas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, pretendían beneficiar a diversos constructores.

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los primeros en declarar serán los exediles Tomás Punzano Ruiz (09.30 horas) y María Luisa Ramírez Carballeda (10.00 horas), esta última concejala entonces de Participación Ciudadana, para posteriormente hacer lo propio, a partir de las 10.30 horas, José Carlos Muñoz Mateo, quien fuera responsable de Deportes y hoy presidente de la Fundación Real Valladolid.

A ellos les seguirán, el 5 de julio, los actuales concejales Gonzalo Hernández Santamaría (11.00 horas) y Manuel Sánchez Fernández, responsable de Movilidad y Seguridad (11.30 horas), así como el arquitecto municipal Pablo Luis Gigosos Pérez (12.00 horas), mientras que el día 12 de julio es la fecha elegida para que haga lo propio, igualmente en calidad de imputado, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, cuyo interrogatorio está previsto que dé inicio a partir de las 09.30 horas.

La práctica de diligencias contempla también una nueva citación para los dos principales imputados, el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el arquitecto Luis Álvarez Aller, quienes prestarán declaración el día 4 de septiembre, a las 11.30 horas.

La citación del máximo regidor vallisoletano, así como de otros cinco miembros de la entonces corporación, dos de ellos en el actual equipo, y de un arquitecto municipal, se produce después de que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del caso, Ana Valle, mantuvieran en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad.

Evacuada dicha consulta, la Fiscalía Vallisoletana recibió finalmente, casi un mes después, luz verde para citar al primer edil del PP y al resto de imputados, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, seis técnicos municipales y varios constructores.

DENUNCIA EN 2008

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

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