MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Fuentes del alto tribunal han señalado que, tras darse por enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente interpuesta por estos hechos --que fue rechazada el pasado miércoles por motivos formales--, la Sala de lo Penal ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre este asunto.
Los magistrados han hecho este requerimiento antes de decidir si admiten a trámite la querella, que imputa indiciariamente al presidente del Supremo una presunta estafa de funcionario público (artículo 438 del Código Penal) y subsidiariamente un delito de malversación por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre la actividades del presidente --que concluyó en archivo-- fue una "farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales", señalaba.
COMO EL LAZARILLO DE TORMES
A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
"Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones 'secretas' de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal pagador", razonaban los denunciantes.
