MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal concluye que "en definitiva, no puede negarse" que "el actor en su condición de accionista, ostenta interés legítimo para la impugnación" del Real Decreto 1.761/2011, que eximió a Sáenz de una condena de tres meses de arresto e inhabilitación por denuncia falsa.
El Supremo desestima la negativa formulada por el Abogado del Estado, que mantenía que el accionista carecía de legitimidad porque el indulto no afectaba "en nada a su esfera personal y patrimonial" y que su "única finalidad" era la de "causar el máximo daño posible", lo que califica de "penoso objetivo".
El Alto Tribunal considera "necesario enjuiciar y precisar" el derecho reclamado por el minoritario del Santander, ya que el artículo 224 de la Ley de Sociedades de Capital permite a cualquier accionista de una sociedad pedir la destitución de sus administradores cuando incurren en alguna prohibición legal.
El accionista minoritario del Banco Santander reclama que el consejero delegado del Santander "no continúe administrando la entidad en que tiene invertido, mucho o poco, su dinero", "no solo por razones éticas, sino porque la normativa bancaria" obliga a los ejecutivos de la banca a contar con "honorabilidad", según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.
El Supremo concluye que seguirá estudiando la nulidad del indulto concedido a Sáenz porque su resolución es "imprescindible" para que el accionista pueda pedir su destitución ante la junta de accionistas de la entidad.
El pasado mes de abril, el Alto Tribunal desestimó suspender cautelarmente el indulto a Sáenz a petición de otro accionista, pero anunció la continuación del proceso para pronunciarse sobre la legalidad del contenido del Real Decreto aprobado por el Gobierno.
Tras el indulto concedido el 25 de noviembre por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Supremo solicitó al Ejecutivo la remisión del expediente administrativo en el que se basó la decisión de indultar al ejecutivo del Santander para estudiar su legalidad.
