MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Según un auto dictado el pasado 17 de mayo por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal admite el pago de 45.000 euros por parte de 'los Albertos' por responsabilidad civil a los demandantes y "deja en suspenso las penas privativas de libertad, condicionado a que no vuelvan a delinquir en un plazo de dos años".
El tribunal admite así el pago de 15.000 euros a cada uno de los principales demandantes, los socios minoritarios de 'los Albertos' en Urbanor, el arquitecto Pedro Sentieri y el constructor Julio San Martín, así como el abono de 7.500 euros a cada uno de los socios de éstos, Luis García Alarcón y Francisco Castelló.
La notificación suspende la condena a 'los Albertos' por "no constar condenas anteriores y habiendo satisfecho las responsabilidades civiles", según establece el artículo 80 del Código Penal (CP). En octubre de 2009, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid les impuso la condena de cuatro meses de cárcel, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en marzo de 2011.
Los empresarios recurrieron la condena del Supremo por este caso ante el Tribunal Constitucional al entender que "violaba, entre otros, sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia". Este recurso está pendiente de resolver.
Por otro lado, 'los Albertos' carecen de condenas penales anteriores, porque en febrero de 2008 el Constitucional revocó por prescripción del delito la sentencia del Supremo que les condenó en marzo de 2003 a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad documental en el conocido 'caso Urbanor'.
En el caso de la carta falsa, la sentencia del Supremo consideró que 'los Albertos' "conocían sobradamente" la "falsedad" de la carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, firmada por Sentieri y dirigida al constructor San Martín, que presentaron ante el Supremo para conseguir una revisión de la condena del 'caso Urbanor'.
En ella, el arquitecto le daba instrucciones al constructor para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' un mes después de la fecha de la carta, que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos que ocupan las Torres Kio en Madrid, propiedad de Urbanor. La existencia de los diferentes precios supuso el origen de este caso judicial, que ha durado más de una década.
