MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
"Según los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas, la incidencia del paro el 2 de julio ha sido del 30,84%", ha anunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la red social X.
En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)--, han asegurado que a las 12.00 horas de este miércoles el seguimiento era de un 70%.
En un comunicado conjunto, las convocantes han explicado que "esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga".
También han reiterado que lamentan "profundamente" que, "por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas".
No obstante, han confiado en que, "gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales" establecidos por el propio comité de huelga, "el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable".
Durante la primera jornada, basándose en esas mismas comunicaciones voluntarias de los huelguistas a la dirección de correo electrónico habilitada por el comité, las asociaciones cifraron el seguimiento en un 75%, si bien Justicia lo rebajó igualmente situándolo en un 28%.
Las asociaciones protestan contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son "imprescindibles" para modernizar la administración de justicia.
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