SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha reconocido este jueves que el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de no convocar este año oposiciones para jueces y magistrados, ha sido una "gran desilusión" y un "jarro de agua fría" ya que, a su juicio, deberían de sacarse un "mínimo" de 40 a 60 plazas.
Tras inaugurar en el Palacio de la Magdalena, en Santander, unas jornadas sobre insolvencia, el presidente de la APM, Jesús Chamorro, ha subrayado que los jueces y magistrados constituyen una "necesidad que va aparejada" a la prestación de un servicio "esencial" como la Justicia.
Chamorro ha abogado por la necesidad que existe en tiempos de crisis de "priorizar" las necesidades y ha opinado que podrían haber existido "otras opciones" antes de que el Gobierno de España tomara la decisión de no convocar oposiciones a jueces y magistrados, como sacar un número de plazas "no tan numeroso" como el que ha habido en los últimos años.
"Pero de ahí, a que no haya ni una sola plaza, la verdad es que para nosotros ha sido un jarro de agua fría", ha reconocido Chamorro, quien ha subrayado, además, que si se celebrase ahora una convocatoria el Gobierno de España no tendría que asumir el coste de los nuevos jueces y magistrados "hasta dentro de un par de año, cuando tomasen posesión en sus destinos".
Por otra parte, ha resaltado que hay que pensar además que hay un Cuerpo de Opositores al que hay que tener "con la ilusión mantenida" y "no hacer nada" que lo haga desaparecer. En este sentido, ha recordado que existe una Escuela Judicial que tiene unos profesores y una organización y que si no tiene alumnos "no sabe muy bien que se va a hacer con ella".
Sobre este mismo asunto, ha sido cuestionada la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) delegada para Cantabria, Gema Gallego, quien ha reconocido que la noticia ha sido recibida con "sorpresa" y "cierto malestar" por el "anuncio unilateral" del Gobierno de España a pesar de que el órgano de gobierno de los jueces "le hiciera ver la necesidad de continuar con la convocatoria".
DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
Por otra parte, tanto Chamorro como Gallego han sido cuestionados acerca de la posibilidad de devolución de competencias al Estado, entre ellas la de Justicia, una alternativa a la que ya se han referido algunas comunidades autónomas.
Tras recordar que la Justicia no es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, sino "compartida", Chamorro ha reconocido que "le cuesta creer" que se lleve a cabo esta devolución en un país que se ha mostrado a favor de la descentralización. Según ha señalado, sería realizar un "viaje inverso" y constituiría "algo muy novedoso".
Aunque no ha querido valorar quién debe tener estas competencias pues es, a su juicio, una decisión política, ha abogado por que el que la ejerza lo haga de forma "coordinada" y "apueste" por la Justicia.
Gallego, que también ha insistido en que es una "cuestión política" que tendrá que tratarse "en el seno de donde se toman esta serie de decisiones", ha reconocido que, al menos en materia de Justicia, "no parece" que la transferencia de competencias esté logrando el "fin" para el que se previó realizarla --conseguir medios personales y materiales adecuados--, si bien ha subrayado que "no sabe si la solución es devolver las competencias al Gobierno central".
