MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El objetivo de esta demanda es reclamar el derecho de los perjudicados con pérdidas inferiores a 150.000 euros a acceder al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta limitación les impidió continuar con el proceso de reclamación patrimonial al Estado, al que acusan de no vigilar a las empresas filatélicas durante los 25 años que estuvieron captando dinero comercializando con sellos.
El diciembre de 2010, el Supremo dictó la última resolución al respecto ratificando la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó las pretensiones de los perjudicados de ser indemnizados por responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin embargo, esta resolución no contempla a más del 95% de los perjudicados de Fórum y Afinsa, ya que, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), solo se permitía recurrir en segunda instancia a aquellas personas que reclamasen de 150.000 euros en adelante. La modificación de esta ley ha aumentado este importe a 600.000 euros.
Según la demanda, "la imposibilidad de recurrir, basada en una interpretación tan restrictiva de la norma, supone que decenas de miles de personas no hayan podido ejercer el derecho constitucional a que su sentencia sea revisada por una segunda instancia superior".
VULNERÓ EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
Asimismo, los demandantes consideran que se ha vulnerado su derecho a la propiedad privada, recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos, y que la actuación del Estado ha privado "injusta" y "antijurídicamente" a los demandantes de sus bienes patrimoniales sin posibilidad de acceder a una justa compensación.
La asociación, que representa a cerca de 30.000 afectados, pide que se sancione al Estado español y le obligue a modificar una norma que deja sin derecho a tutela judicial efectiva a decenas de miles de afectados que han sufrido idéntico perjuicio.
También solicitan que se ordene al Estado español que indemnice a cada uno de los afectados por la cantidad total reclamada a la Administración en el proceso Contencioso-Administrativo seguido en la Audiencia Nacional.
El presidente de la asociación, José Javier López de Castro, recordó que "el próximo mes de mayo se cumplirán seis años de la intervención de Fórum y Afinsa y medio millón de ciudadanos continúan en una situación de total indefensión, desamparados por unas instituciones que no han sabido defender nuestros derechos como pequeños ahorradores".
Desde la asociación también han recordado al Gobierno del Partido Popular el compromiso adquirido, cuando estaban en la oposición, de buscar una solución al grave problema de los perjudicados por la intervención de Fórum y Afinsa.
