PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición inicial de ocho años y medio de cárcel y 26 años de inhabilitación para el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, mientras que ha retirado sus acusaciones contra su exjefa de gabinete Dulce Linares, tras haber elevado a definitivas sus conclusiones en el marco del primer juicio del caso Palma Arena, que se centra en la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany y en las subvenciones fraudulentas que habría percibido por parte del Ejecutivo balear.
Durante la fase de conclusiones de la vista oral, que encara su recta final, el fiscal Juan Carrau ha puesto de manifiesto además que en el caso concreto de la concesión y el pago de una subvención de 272.243 euros para la puesta en marcha de la Agencia Balear de Noticias (ABN) esta cantidad habría amparado en realidad el impulso de un digital afín al PP -Libertad Balear-, no son constitutivos de un delito de malversación sino de fraude en las subvenciones, lo que también modifica su escrito inicial -al que se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma-.
Otra de las novedades del escrito de acusación definitivo radica en la pena solicitada para Alemany, y es que la Fiscalía ha elevado su petición a siete años y tres meses de cárcel. Sin embargo, en el caso de que no se le sancione de forma conjunta por los delitos de falsedad que afectan a todas sus actuaciones, pide que sí se le impongan dos años y medio de cárcel por un delito de falsedad mercantil a raíz de su participación presuntamente delictiva en la subvención concedida a ABN.
Para los tres acusados restantes, la Fiscalía reclama un total de cuatro años y medio de prisión para el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero; dos años para el exdirector general de Comunicación Joan Martorell, y un año y tres meses para la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert. En concreto, sobre Matas pesa una petición de seis años de cárcel por malversación, un año y medio por fraude a la administración y un año por tráfico de influencias.
En lo que se refiere a las responsabilidades pecuniarias por el beneficio obtenido y los perjuicios ocasionados a las arcas del Gobierno balear, las acusaciones reclaman que Matas haga frente al pago de 210.993 euros en favor del Ejecutivo autonómico, mientras que piden que Alemany abone 347.114 euros al Ejecutivo balear, además de 19.744 euros por parte de Romero, 2.000 euros por parte de Umbert y 31.244 por parte de Martorell.
Por su parte, las defensas de Matas, Alemany y Umbert solicitan la libre absolución de sus patrocinados mientras que los letrados de Martorell y Romero han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El abogado del exdirector general ha señalado además que esta mañana su cliente ha consignado ante la Audiencia 2.500 euros, que se suman a los 1.917 euros que había ingresado anteriormente como reparación del daño producido por estos hechos.
El escrito de acusación definitivo, cuyo relato de los hechos mantiene la esencia del que fue presentado de forma provisional, explica cómo los acusados se concertaron para beneficiar de forma arbitraria a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos. Todo ello después de que, según las acusaciones, Alemany acudiese a Matas para solicitarle una forma de retribuirle los servicios que le venía prestando desde antes de que Matas fuese presidente en concepto de elaboración de discursos e intervenciones públicas.
Una conducta que mantuvo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los mismos con la crítica periodística "favorable" a través de los medios en los que Alemany colaboraba. Así, como la intención del periodista era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir subvenciones públicas para sus distintas empresas, con el "pleno conocimiento" por parte de Matas fue contratado de forma encubierta a través de la empresa Nimbus.
Una vez alcanzado este acuerdo, fue rubricado por un importe de 110.200 euros de 2003 a 2005, a los que se sumaron 87.243 euros como prórroga ese último año.
De forma paralela, las acusaciones hacen referencia al contrato menor por 11.550 euros que Martorell cursó en favor de Alemany para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa Consultores de Información de Baleares, pese a no existir constancia de que estos trabajos fuesen realizados.
Mientras tanto, otra de las acusaciones vertidas se refiere a la subvención de 272.243 euros concedida a ABN, que habría sido creada expresamente por Alemany para poder optar a esta aportación y camuflar de este modo su verdadera intención: poner en marcha un periódico digital que ensalzase las actuaciones de Matas al frente del Gobierno balear y que de forma paralela beneficiase económicamente a Alemany.
El juicio proseguirá este martes con la exposición de los informes finales por parte de las acusaciones y de las defensas de Martorell, Romero y Umbert, mientras que el jueves será el turno de los abogados del expresidente del Gobierno balear y del periodista.
Ésta es sólo la primera de las 26 piezas en que está dividido el caso Palma Arena que va a juicio. A nivel global, esta extensa causa investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) así como su supuesta vinculación con el elevado tren de vida llevado por Matas cuando era máximo mandatario de Baleares. También se indaga la conexión de este desfase con la financiación irregular del PP.
