JUSTICIA EN ELECCIONES
De nuevo surge la ya antigua polémica sobre la presunta politización de la justicia o la judicialización de la política, tanto monta, monta tanto, lo cierto es que en los momentos actuales vuelve a estar de actualidad este tema. Siempre que algún responsable político tiene alguna relación con la justicia, esta se convierte en protagonista, y se la tilda de cierta politización. En una campaña electoral, la democracia se encuentra en su momento más delicado, es el momento de la exposición de programas y el de la sagrada elección de aquellos que van a representar la soberanía popular. Pero esto no justifica determinas expresiones, que pone en cuestión labores judiciales, tildándolas de electorales. No voy a referirme a las concretas manifestaciones que al respecto se han vertido por destacados líderes políticos en los últimos días, puesto que ya han tenido adecuada y oportuna respuesta del Consejo General del Poder Judicial. Pero con carácter general conviene poner de manifiesto que los jueces no provocan ni eligen los casos, no son los responsables de la existencia de conflictos jurídicos, y actúan por que la ley les obliga a ello. Los que vierten este tipo de declaraciones deberían ser conscientes de que provocan con sus palabras, injustificadas e irresponsables descalificaciones, y profundas deslegitimaciones de la actuación del Poder Judicial, y ello en un abuso muy lejano al ejercicio del legítimo derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Es una buena ocasión para hacer pedagogía, y tratar de distinguir lo que es una crítica, racional o desorbitada, de lo que es una descalificación, y finalmente de lo que es una deslegitimación. Nada obsta a que se critiquen las resoluciones judiciales, nada impide que se pueda cuestionar técnicamente una resolución judicial, e incluso que estas críticas puedan en algunos casos sobrepasar los cánones racionales de la misma; pero otra cuestión es el insulto, la descalificación, etc., en las que se cae por ejemplo cuando se dice que un juez actúa por móviles políticos, o que actúa al servicio de un determinado partido político; este tipo de expresiones descalifican y sobre todo deslegitiman la actuación del Poder Judicial, produciendo un gran descrédito ante la opinión pública.
Defender la independencia del Poder Judicial, garantizar su ejercicio, y hacer del respeto la labor de los jueces una guía de la actuación de los poderes públicos, es una obligación de todos, y en todo momento, incluso en una campaña electoral. Este tipo de declaraciones ponen de manifiesto las dificultades que tiene ejercer el Poder Judicial en el seno de una sociedad, en la que a algunos responsables políticos están tentados de controlar el Poder Judicial, puesto que si bien esto afortunadamente no se produce, ese intento de control en sí mismo, puede poner de manifiesto algún tipo de servidumbre respecto de aquellos. Es de esperar que tras estas elecciones se abra paso a una cultura democrática que, admitiendo el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, corrija de inmediato los intentos de descalificación y deslegitimación del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial se debe entender como expresión de una garantía a favor de los ciudadanos, los cuales pueden confiar en que cuando acudan a la Justicia, lo harán en absoluta igualdad, y ello sólo lo puede garantizar un poder judicial independiente. También es un buen momento para hacer una reflexión sobre el secreto de las actuaciones judiciales y las consecuencias de no respetar el mismo, poniendo en grave peligro la presunción de inocencia de cualquier imputado; pero esta reflexión tiene que ser objetiva y neutral, siendo cuando menos paradójico, que algunos responsables políticos, se acuerden del respeto a esta institución procesal cuando afecta a un compañero de partido, y no cuando afecta a un adversario, o a cualquier ciudadano. Este es un tema que hay que tomárselo muy en serio, y no solo bajo la presión de la urgencia política.
Shakespeare en su obra “El asesinato de Julio César”, ya nos advertía de la enorme distancia que a veces hay entre la verdad judicial y la verdad política, dividiendo a la opinión pública, en este caso los espectadores, entre los que veían a Cesar como un tirano digno de ser eliminado, o a un hombre justo vilmente asesinado, y todo depende de que el diálogo sea de Bruto o de Marco Antonio. Es este un buen momento para tomarse el tema en serio y hacer del respeto a la labor del Poder Judicial un principio básico de convivencia democrática, totalmente ajeno al chascarrillo hortera y a veces ramplón, que ni siquiera llega a estar próximo al derecho a criticar la actuación judicial. En cualquier caso la verdad judicial siempre aspira, con mayor o menor éxito a alcanzar la verdad material, la verdad política se queda pegada al interés partidista, y la verdad de verdad se acaba imponiendo, sólo nos queda esperar, la paciencia es la fortaleza de los mansos.
