MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El fiscal Luis Barroso ha mantenido su petición de pena de entre 8 y 10 años de cárcel para nueve presuntos miembros de Segi, al considerar probado que formaban parte de un grupo radicado en Barañain (Pamplona) que cometió varios actos de violencia callejera en Navarra en 2007 y 2008.
Durante el juicio, que se reanudará el próximo día 21 de noviembre, el fiscal ha solicitado que los acusados --Luis Goñi Lara, Javier Sagardoy Lana, Aritz Azcona Domínguez, Mikel Jiménez Martín, Alberto López Iborra, Maider Caminos Miranda, Maitane Intxaurraga Uribarri, Amaia Legarra Beunza y Noe López Albizu-- sean condenados por un delito de integración en organización terrorista.
En la exposición de su informe de acusación definitivo, el representante del Ministerio Público ha defendido como principales pruebas contra los acusados las declaraciones inculpatorias que realizaron López Iborra, Intxaurraga y Caminos tras ser arrestados por la Guardia Civil, que explicaron las actividades que desarrollaba el 'talde' y las personas que formaban parte de él.
A estas manifestaciones ha unido el material hallado en los registros que se realizaron en una bajera y en un escondite situado tras la iglesia de la localidad navarra, así como en los domicilios de los procesados. Entre los efectos incautados se encontraban guantes de látex, botellas para la fabricación de artefactos explosivos y documentación relacionada con SEGI, la historia de ETA o los presos etarras.
SUMARIO CONTRA EKIN
Del mismo modo, Barroso ha advertido a los magistrados de que si no acreditan la validez de las pruebas que obran en esta causa, se pondrán en peligro otros procedimientos, entre ellos el que instruye el juez Fernando Grande-Marlaska por la recomposición de la cúpula de EKIN.
Las defensas, por su parte, han solicitado la libre absolución de sus representados argumentando que las declaraciones ante la Guardia Civil se realizaron como consecuencia de "malos tratos" y no fueron ratificados ante el juez instructor, por lo que deberían ser declaradas como nulas.
PEGATINAS DE ETA DE SU "DIFUNTA MADRE"
Durante la vista oral, la acusada de dirigir la estructura de EKIN en la comarca navarra de Sakana, Maitane Intxaurraga, admitió la existencia de los objetos y pegatinas con el anagrama de la banda terrorista ETA incautados en su domicilio aunque precisó que se trataba de "efectos personales" que pertenecieron a su "difunta madre".
"No negaré que son efectos de ETA, por supuesto, pero son efectos personales de mi difunta madre que cuando clausuramos su casa, recogí y guardé en una maleta de mimbre. Mi madre estuvo en prisión por colaborar con ETA, si no recuerdo mal", aseguró.
No obstante, todos los acusados negaron haber formado parte del aparato político EKIN y de la rama juvenil Segi así como haber participado en actos de kale borroka, como el lanzamiento de 'cócteles molotov' contra emisoras de radio o entidades bancarias o el corte de catenarias en vías férreas.
Además, un grupo de peritos ratificó ante el tribunal que las muestras genéticas recogidas en varios guantes de látex utilizados en la colocación de artefactos incendiarios en Navarra llevaron a la identificación de los procesados.
