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Desestima los cargos contra sus hermanos

El juez culpa al administrador de la constructora Iurbenor de su insolvencia y le inhabilita 10 años

03/11/2011
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Le condena a responder personalmente de la cobertura del déficit patrimonial, establecido en 35,38 millones de euros

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao, Marcos Bermúdez, ha declarado "culpable" de la insolvencia de Iurbenor a su administrador social, el empresario Jabyer Fernández, al que ha inhabilitado como administrador durante un periodo de diez años y le ha condenado a responder personalmente de la cobertura del déficit patrimonial, establecido en 35,38 millones de euros. Sin embargo, el juez ha desestimado los cargos que se pedían contra los hermanos del encausado, Susana y Antonio Fernández.

De esta forma, los Tribunales declaran la culpabilidad del socio administrador de Iurbenor, en cuyo juicio se presentaron como acusaciones tanto la Administración Concursal como la Fiscalía y la Diputación Foral de Vizcaya.

Según la sentencia, en 2006 se creó la constructora Iurbenor Promociones, participada al 50 por ciento por Iurbentia Promoción Inmobiliaria y Fonorte Inmobiliaria (actualmente Residere Proyectos). La sociedad afrontó la actuación urbanística denominada "Puerta de Bilbao", que pretendía la construcción y venta de aproximadamente 2.000 viviendas, la creación de un parque empresarial y un centro de ocio sobre una parcela de 250.000 metros cuadrados situada en el término municipal de Lutxana, en Barakaldo (Vizcaya).

Para ello, Iurbenor compró la parcela a dos sociedades por un importe de 302 millones (IVA sin incluir), cantidad que fue financiada mediante préstamos hipotecarias de BBK, La Caixa y Banco Santander. El proyecto fracasó y se decidió vender el terreno, para lo que se iniciaron negociaciones con las entidades hipotecantes en 2008.

El 27 de enero de 2009, se firmó la escritura pública de venta de terreno a BBK y Caixa por 359,6 millones de euros. De ese precio, Iurbenor recibió 61,9 millones, mientras que las entidades compradoras retuvieron 297,7 millones para la cancelación de hipotecas, pago de intereses y otras operaciones vinculadas a la adquisición de los terrenos.

ADMINISTRADOR ÚNICO

La resolución judicial indica que ese mismo día fueron cesados los miembros del consejo de administración de la concursada (los hermanos Jabyer y Susana Fernández, el ex-presidente del Athletic Fernando García Macua, Emilio Prieto y Jon Basabe) y pasó a ser administrador único el empresario de Santurtzi. En la misma jornada, se firmó el convenio de asistencia financiera a Residere.

Iurbenor recibió por la venta de los terrenos 63,9 millones, de los que destinó 12,4 millones a saldar deudas con terceros, 16,04 millones a pagar deudas con entidades vinculadas a esta sociedad, otros 8,5 millones a comprar acciones de Habidite y 26,88 millones fue prestado a Residere. Sin embargo, no abonó a la Hacienda vizcaína el IVA devengado por la compraventa del terreno y que asciende a 43,8 millones de euros.

El 7 de septiembre de 2009, la constructora solicitó su declaración en concurso de acreedores, con una deuda de 53,19 millones correspondiente al impago del IVA y a intereses y sanciones, ambas a favor de la Hacienda Foral.

Según el juez, Fernández "agravó conscientemente" la insolvencia de Iurbenor al firmar los contratos de asistencia financiera con Residere y al comprar las acciones de Habidite, en lugar de pagar el impuesto.

Por ese motivo, el juez le inhabilitó como administrador y le obligó a responder del déficit patrimonial generado, además de soportar las consecuencias penales que, en su caso, se deriven de su actuación, cuya determinación corresponderá a los tribunales de lo Penal.

HERMANOS EXCULPADOS

La sentencia señala, por contra, que sus hermanos Antonio y Susana "no controlaban la gestión empresarial de Iurbenor ni formaban parte de su órgano de administración cuando fueron ejecutadas las operaciones que agravaron la insolvencia de la sociedad". Del mismo modo, añade que "tampoco han cooperado con su hermano para realizar estas operaciones con ninguna actuación ilícita" y, por tanto, "no son administradores de hecho" de la constructora concursada.

El fallo judicial descarta también que los hermanos fueran cómplices del empresario. "Ni Susana (peluquera de profesión) ni Antonio (ferrallista) tienen capacidad para gestionar las empresas del grupo de las que son titulares. No saben, ni siquiera, cuales son y en cuáles de ellas tienen la condición de apoderados de la empresa. Firman lo que les pone delante su hermano Jabyer o sus asesores de confianza, y es Jabyer quien asume personalmente la gestión de todas las empresas del grupo", agrega la resolución. La sentencia exime, igualmente, de cargos al Grupo Afer y a Residere proyectos.

INHABILITACIÓN

Sin embargo, el juez Marcos Bermúdez ha declarado "culpable" al empresario santurtziarra por "agravamiento de la insolvencia" de Iurbenor y actuación "dolosa", por lo que le ha inhabilitado para administrar bienes ajenos durante un período de 10 años. Además, debe responder a la que habla de "inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso".

Por esta causa, el empresario Jabyer Fernández quedará

inhabilitado para administrar los bienes ajenos durante el periodo de 10 años, así como para "representar o administrar a cualquier persona" durante el mismo espacio de tiempo.

También perderá "cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa", y deberá devolver "los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio de la concursada o hubiera recibido de la masa activa".

Asimismo, deberá responder personalmente de "la cobertura del déficit patrimonial", establecido en 35,38 millones de euros de créditos ordinarios, más el importe de los créditos subordinados correspondientes a intereses, recargos y costas devengados por el impago de esta cantidad.

Contra la sentencia del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao cabe recurso de apelación que deberá presentarse en el plazo de cinco día, y que tendrá que resolver la Audiencia provincial de Vizcaya.

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