MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)
El tribunal estima la agravante de parentesco y la atenuante de obcecación como "muy cualificada", según se recoge en el texto de la sentencia de la sección 5 de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena.
Los magistrados consideran como hechos probados que la procesada acudió en compañía de su madre y su prima en la madrugada del 21 de noviembre de 2009 al hospital del Rosell de Cartagena por un dolor en la rodilla derecha. Sin embargo, añade el texto, padecía en realidad "fuertes contracciones al haber llegado su embarazo a término", ocultando este hecho a su familia.
Así, una vez en la sala de espera del referido hospital se dirigió al baño para orinar, momento éste en el que se le desprendió el bebé que portaba, sacando también la placenta y dando a luz a un varón. De este modo, lo metió dentro de la papelera, que a su vez contenía una bolsa de basura común y, seguidamente, limpió las manchas de sangre con papel higiénico que tiró también a la papelera ocultando al recién nacido.
Tras ser llamada por megafonía para ir a consulta, donde el facultativo médico le administró un analgésico para el dolor de rodilla, la prima de la acusada se acercó hasta el aseo por las sospechas que tenía y descubrió al bebé en el interior de la papelera.
En ese momento, dio aviso a los facultativos que, tras reanimar al bebé, fue trasladado hasta emergencias, donde permaneció ingresado cinco días, siendo finalmente dado de alta sin secuelas físicas. La tutela del menor fue asumida por la Dirección General de Familia, Igualdad e Infancia.
EXISTIÓ RIESGO PARA LA VIDA
Entiende el tribunal en sus fundamentos de derecho que existió el riesgo para la vida "en alta proporción" por el lugar donde se encontró al bebé, "en una papelera que a su vez contenía una bolsa de basura llena de papeles que ocultaban la presencia del bebé, que se encontraba unido a la placenta".
Aunque la defensa, que considera que el hecho no tiene trascendencia penal, alegó que la acusada pensaba volver a recoger a su hijo, el tribunal estima que "ninguna prueba ha dado como resultado el que se pueda apreciar dicha voluntad".
Voluntad que entiende que se podía haber manifestado de muchas formas, dado que se encontraba en un hospital público y gratuito donde podía haber solicitado el auxilio del personal médico, incluso "esquivando el conocimiento del hecho por parte de su madre y su prima".
Tampoco considera probado la existencia de un "miedo insuperable", como alegó la defensa, ya que entiende que "la única presión probada es la de la advertencia que le hace la educadora social que la trataba, que le advirtió que si volvía a tener otro hijo, ya que tenía dos y vivía con otros cuatro hermanos en una misma vivienda cuyos único ingresos eran los de la madre y la abuela, podía perder los dos primeros hijos".
A ello se une la advertencia de la madre de no volver a quedarse embarazada o se tendría que buscar la vida "por su cuenta", o el desentendimiento del padre.
Aunque son circunstancias, estima el tribunal, "que causaban una presión sobre la acusada, hasta el punto de que negó el embarazo a la propia madre temerosa de las consecuencias del parte, no puede considerarse que se trate de un miedo insuperable en quien goza de plena capacidad mental".
