La Fiscalía solicita entre 29 y 38 años de cárcel para tres presuntos miembros de un 'comando' por atentar contra una discoteca
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el próximo martes una pena de 28 años de cárcel para una integrante del comando 'Nafarroa' de ETA acusada de dar cobijo a los etarras que asesinaron al general jubilado de la Guardia Civil Juan Atarés Peña en 1985.
La fiscal Blanca Rodríguez pedirá a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que condene a María Jesús Arriaga como cooperadora necesaria de un delito de asesinato terrorista.
En su escrito de acusación provisional, mantiene que Arriaga residía en compañía de Ana Gastesi, en situación de rebeldía, en la calle La Rioja de Pamplona, donde dio refugio a los miembros liberados del comando 'Nafarroa' Juan José Legorburu, alias 'Txato', Mercedes Galdós, 'Bitxasi', y a Juan María Lizarralde, 'Heavy'.
El 24 de diciembre de 1985, Legorburu y Galdós --ya condenados por estos hechos-- dispararon varias veces a bocajarro en la cabeza al general jubilado de la Guardia Civil cuando paseaba por un parque cercano a su casa de Pamplona.
Ese día, los miembros del 'comando Nafarroa' habían salido del domicilio de Arriaga y, tras cometer el asesinato, huyeron a bordo de un vehículo robado hasta la Plaza de los Fueros de la capital navarra, donde les esperaba la acusada. La representante del Ministerio Público mantiene que la procesada tenía pleno conocimiento del atentado planeado por el resto de etarras.
ATENTADO EN UNA DISCOTECA
El jueves se sentarán en el banquillo de los acusados los presuntos miembros del 'comando Haitza' de ETA Luis Mariñelarena Garciandía, Roberto Lebrero Panizo y Xabier Etxeberria Jauregui, acusados de colocar una bomba el 27 de septiembre de 2001 en la discoteca Universal de la localidad navarra de Lacuntza.
Según el escrito de la fiscal Ana Noé, que reclama entre 29 y 38 años de cárcel, los procesados abordaron al vigilante, le taparon la cabeza con una capucha y le trasladaron a una zona boscosa. Después colocaron los explosivos en la pista de baile central y en el lateral izquierdo del local, que al estallar causaron daños valorados en 21.000 euros.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal también juzgará el miércoles a Igor Cachorro del Pozo de un delito de daños terroristas por participar presuntamente en el ataque a un cajero automático del Banco Santander Central Hispano que se encontraba en la calle Juan XXIII de la localidad vizcaína de Baracaldo. La fiscal Teresa Sandoval solicita que sea condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 12.448,43 euros.
