Roca ha explicado en el juicio del caso 'Malaya' cómo se hizo la compraventa de la finca La Concepción, negocio en el que inicialmente participó Gil a través de una sociedad. Ha señalado que primero él hizo, a través de una de sus empresas, una opción de compra y posteriormente habló con el entonces regidor, quien "se interesa por la finca y yo le ofrezco entrar con la proporción que él quiera".
Ha manifestado que Gil decidió entrar con un 50 por ciento. Luego, ha indicado, los socios deciden salirse del negocio "fundamentalmente porque las perspectivas de la finca de ser urbanizable se desvanecen tras la denegación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", aunque él decidió quedarse por su mentalidad empresarial "más de futuro".
En este punto, ha indicado que el exalcalde también salió de la operación porque "necesitaba dinero para el Atlético de Madrid, que estaba intervenido". Posteriormente, entraron nuevos socios, a los que se les ofreció el suelo "sin mentir", diciendo que "el Ayuntamiento había determinado que fuera urbanizable y que la Junta de Andalucía había denegado esa posibilidad".
Sobre el urbanismo, ha recordado que Gil decidió aprobar en 1998 en un pleno la revisión del Plan General "y no hacer caso" a la Junta de Andalucía, diciendo "que va a seguir dando licencias y desarrollando suelo según dicha revisión". "Para Jesús Gil, en sus decisiones, el único plan que existía era el que él había aprobado", ha dicho.
En este sentido, ha añadido que "cuando la nueva corporación entra y la alcaldesa me pregunta, lo primero que le digo es que hay que acatar la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo y otorgar las licencias con arreglo al plan general de 1986. A mí no me tiene que convencer". El principal acusado ha precisado que en Marbella "no he hecho actuaciones urbanísticas, he comprado y he vendido".
Por otro lado, ha vuelto a insistir en la manifestación realizada este martes respecto a que no tenía contacto con la mayoría de las personas que fueron administradoras o empleadas en sus sociedades, que ahora están acusadas, añadiendo que éstas le rendían cuentas a otros de sus colaboradores más directos, también procesados en la causa.
A preguntas de su abogada, ha justificado el origen del dinero invertido en cada negocio y la adquisición de suelo público; así como los beneficios obtenidos, negando que se pueda acreditar un delito de blanqueo. Además, ha criticado la cuantificación del dinero supuestamente blanqueado realizada por los investigadores. El juicio continuará el próximo 5 de septiembre con un nuevo bloque. Fuente: Europa Press
