MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)
En esta parte, se analizarán los presuntos pagos por parte de empresarios a Roca y supuestos cobros de éste y exconcejales. Así, declararán más de 50 procesados, entre ellos, los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe; exediles como Isabel García Marcos y Tomás Reñones; y empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez 'Sandokán' o los representantes de la promotora Aifos.
Esta parte tratará de delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Tanto los investigadores como el fiscal han venido manteniendo que, pese a que Roca no era cargo electo, ni tenía la jefatura de servicio municipal alguno, éste ostentó "una posición de dominio sobre la corporación municipal", según las conclusiones provisionales.
En el escrito se precisa que la situación de poder "se sustentaba en el soborno sistemático a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero". Esto permitía, dice el fiscal, "disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que estos pudieran adoptar, sobre todo en el ámbito urbanístico".
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los fondos que Roca supuestamente "aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento procedían de los pagos que hacían a dicho procesado promotores y empresarios", que están acusados. Según la acusación, el importe de las aportaciones de los distintos constructores procesados a Roca alcanza los 33 millones de euros.
De esta cantidad, supuestamente recaudada en el periodo 2002-2006, la acusación pública sostiene que el principal acusado "destina a los sobornos a los diferentes concejales y funcionarios municipales la suma de 5,2 millones de euros, con lo que "el señor Roca se queda con la parte más sustanciosa de lo recaudado de los empresarios y promotores", se precisa en las conclusiones.
El fiscal Anticorrupción indica que el control de los fondos "lo llevaba desde la entidad Maras Asesores". En el registro de las oficinas de esta sociedad se localizó una serie de archivos informáticos "en los que supuestamente se reflejan los apuntes contables --ingresos y salidas-- de los fondos que ilícitamente llegan a su poder".
TRAS LOS ACUERDOS
A esta parte del juicio se llega tras hacerse público tres acuerdos de conformidad alcanzados entre los acusados Ismael Pérez Peña, el hijo de éste y el también empresario Carmelo Armenta con la Fiscalía Anticorrupción, que han supuesto importantes reducciones de pena. No se descartan más negociaciones que desemboquen en nuevos pactos.
El primer acuerdo ratificado en sala fue el de Pérez Peña, en el que admitía que "efectuó un pago" de 180.100 euros requerido por Roca y la exalcaldesa, que consta en un archivo intervenido, con el que pretendía que el Ayuntamiento agilizara frente a otros acreedores el pago de una deuda de más de un millón y medio de euros. También admitió haber regalado tres coches a Yagüe.
El segundo acuerdo fue el del acusado Carmelo Armenta, quien firmó un contrato de compraventa por el que presuntamente adquiría tres inmuebles sabiendo que era simulado y que la finalidad era justificar un dinero, en concreto dos millones de euros, que iba a recibir Roca de Pérez Peña y que había sido intervenido por la Policía.
El tercer acuerdo es por el que la Fiscalía retirará la acusación por un delito de falsedad documental a Javier Pérez Villena, hijo del empresario Pérez Peña, instando su libre absolución y el levantamiento de las medidas cautelares. El Tribunal adelantó que se dictará una sentencia absolutoria.
